Mientras gritaban lemas y ondeaban pancartas en protesta por los altos precios de la electricidad, miles de indígenas inermes bloqueaban una carretera en el oeste de Guatemala.

Llegaron dos camiones de soldados y se escucharon disparos de armas de fuego. El saldo: ocho manifestantes muertos y 34 heridos.

Lo que siguió a este incidente ocurrido el 4 de octubre no tenía precedentes en este país flagelado por décadas de guerra civil y violencia contra la mayoría indígena, así como por años de impunidad para las poderosas fuerzas militares.

Las autoridades emprendieron las investigaciones de los hechos de violencia y detuvieron a los presuntos responsables.

La fiscal general de la república — ex activista de derechos humanos conocida por su audaz persecución de criminales — envío al menos 175 fiscales e investigadores al lugar de la protesta, donde recogieron casquillos, muestras de sangre y evidencia de ADN.

Otros viajaron a dos hospitales cercanos para entrevistar a los manifestantes heridos y testigos.

En una semana, los fiscales detuvieron a ocho soldados rasos y un coronel a los que fincaron cargos penales.

Dos de los soldados y el coronel podrían afrontar cada uno penas máximas de 500 años de prisión por el cargo de ejecución extrajudicial y seis efectivos, 320 años, por el cargo de homicidio en grado de tentativa.

En un informe adjunto se afirma que los militares desatendieron las recomendaciones de la policía de que se mantuvieran a distancia de la protesta.

Los soldados involucrados no recibieron ayuda o capacitación estadounidense en un país en el que Estados Unidos ha gastado 85 millones de dólares en el combate al narcotráfico desde que terminó la guerra civil en 1996.

El presidente Otto Pérez Molina presionó para que se levantara una prohibición a la ayuda militar de Estados Unidos que se impuso durante el conflicto por inquietudes sobre abusos a derechos humanos. Para combatir el problema del narcotráfico, Pérez aprobó la creación de dos nuevas bases castrenses y la modernización de una tercera para añadir hasta 2.500 efectivos. También firmó un tratado para permitir que 200 infantes de Marina de Estados Unidos patrullen la costa oeste de Guatemala para interceptar embarques de drogas.

Pérez, un ex general del ejército al que se ha investigado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil, dijo que apoyaba la pesquisa y aceptaría las disposiciones de la fiscal general.

Pérez Molina se comprometió además a nunca utilizar de nuevo efectivos militares para suprimir protestas, bloqueos e invasiones de tierras, acciones a las que recurre la mayoría predominantemente pobre de Guatemala cuando protesta contra políticas del gobierno.

Observadores externos indicaron que el proceso judicial, después de una serie de intentos del gobierno de exculpar a los soldados, se atribuye en su mayor parte al poder político de Claudia Paz y Paz, de 46 años, una agresiva fiscal general que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y otros países que proveen ayuda esencial a Guatemala.

Eso le ha dado el poder para enfrentar al presidente y al ejército, y evitar intentos obvios para desbaratar o aplastar su investigación.

En las 24 horas posteriores al tiroteo ocurrido en las afueras del poblado de Totonicapán, Paz había desplegado fiscales de cinco oficinas de tres diferentes estados, especialistas en escenas del crimen e investigadores. La abrumadora mayoría de los equipos han sido capacitados en el extranjero con financiamiento de los gobiernos de España y Canadá, indicó José Arturo Aguilar, secretario de asuntos estratégicos y privados de la Fiscal General.

"El papel del Ministerio Público es consolidar la justicia como un mecanismo fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia", dijo Paz a The Associated Press.

Un vocero de Pérez dijo que al aceptar las acciones de la fiscal muestra su compromiso para reformar un país afectado por la corrupción y la impunidad.

"La reacción del presidente ratifica su promesa de fortalecer el Estado de Derecho que robustecerá a la democracia de Guatemala", declaró el portavoz Francisco Cuevas.

Guatemala tiene una extendida corrupción institucional "que incluyen asesinatos ilegales, tráfico de drogas y extorsión, además de una extendida violencia social, que incluye violencia contra mujeres y numerosos asesinatos, muchos relacionados con el tráfico de drogas", de acuerdo con un reporte reciente del Departamento de Estado norteamericano.

Los expertos señalan que las acciones recientes marcan un drástico cambio en un país conocido alguna vez por su renuencia a castigar a sus militares. De hecho, es la primera vez que se acusa a soldados de reprimir ilegalmente protestas desde el fin de la guerra civil en el país en 1996.

"Este es un punto de salida importante de la larga historia de impunidad de Guatemala para crímenes similares", dijo Kelsey Alford-Jones, directora de Guatemala Human Rights Commission/USA, un organismo sin fines de lucro con sede en Washington. "Justicia en este caso, junto con la desmilitarización de la seguridad ciudadana, serán un paso importante para asegurar una solución no violenta al conflicto social en el futuro".

Representantes de los manifestantes consideraron que el proceso es un paso adelante, pero dijeron a la prensa local que todavía quieren ver que renuncien los ministros del interior y defensa.

Desde que asumió el liderazgo del Ministerio Público en 2010, Paz ha perseguido vigorosamente a altos militares y otros sospechosos, y ha hecho subir al estrado a cuatro generales de la época de la guerra civil por acusaciones de crímenes contra la humanidad y genocidio después de que sus casos se estancaron por décadas. La fiscal también presiona por capacitación internacional para que los fiscales puedan llevar a cabo procesos con base en la ciencia.

"Estamos viendo los logros de un ministerio público actuando con completa autonomía" dijo Marlies Statters, directora de la Impunity Watch, una organización internacional que vigila si los gobiernos cumplen con las obligaciones legales de víctimas de crímenes.

La verdadera prueba para Paz y sus fiscales será hacer que los arrestos lleven a juicios, dijo Anita Isaacs, una investigadora guatemalteca y profesora de Ciencias Políticas de Haverford College en Pensilvania. Señaló que el ministerio público pertenece a un sistema judicial que aún es considerado altamente ineficiente y, en muchos sentidos, corrupto.

Paz, en primer lugar, parece estar tomando ese cargo con seriedad. Sus agresivos procesos y su reputación por no involucrarse en actos de corrupción le han dado el respaldo del gobierno estadounidense, que brinda millones de dólares en ayuda a Guatemala y cuenta con cerca de 200 marines en el país en misiones contra el narcotráfico. Paz es la única oficial de alto rango de Guatemala que se ha reunido con la secretaria de Estado Hillary Clinton.

Diplomáticos con información privilegiada dijeron que Estados Unidos no ha ocultado su insistencia en que Pérez retenga a Paz, apoye la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y reforme el débil sistema judicial del país.

"Claudia Paz tiene mucho respaldo de la comunidad internacional pero eso tiene que ver con su eficacia profesional y su competencia profesional. Eso ha generado que el presidente se dé cuenta y lo sepa reconocer", dijo René Mauricio Valdés, coordinador residente de Naciones Unidas en Guatemala.

Las medidas militares contra civiles son un tema muy delicado en un país marcado por una guerra de 36 años entre grupos paramilitares de derecha y las guerrillas marxistas que causó la muerte de cerca de 200.000 personas — la mayoría de ellas indigenas mayas. Muchas personas fueron violadas, torturadas y ejecutadas en asesinatos masivos.

Mientras tanto, voces conservadoras, en su mayoría de la élite empresarial guatemalteca, advirtieron que no debe compararse el tiroteo de manifestantes en las afueras del poblado de Totonicapán con la guerra civil.

Andrés Castillo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), dijo que es necesario mantener la calma y evitar usar este incidente para revivir el pasado. Su organismo presentó una queja oficial al ministerio público en la que acusa que los grupos indígenas violan los derechos de los miembros al bloquear la carretera.

Guatemala también ha estado bajo una larga presión internacional para enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra. Un acuerdo de 2006 del nivel de tratado con Naciones Unidas creó la CICIG. El organismo independiente cuenta con 50 fiscales internacionales, agentes de policía y abogados a cargo de investigar un número limitado de casos delicados.

La CICIG ha llevado a juicio varios casos de gran importancia pero su misión a largo plazo es fortalecer la oficina de la fiscalía general y otras instituciones del Estado antes de que la comisión abandone Guatemala, lo que se espera suceda después del 2015. Supervisa la contratación de cientos de fiscales, muchos de ellos asignados a nuevas unidades de investigación, y ha ayudado con su entrenamiento para el uso de evidencia forense en los juicios.

De acuerdo con un informe del ministerio público, la evidencia balística mostró que los soldados abrieron fuego contra los manifestantes, en contradicción con las aseveraciones iniciales del presidente y otros ministros del gobierno de que los militares estaban desarmados así como con las afirmaciones posteriores de que estaban armados pero que sólo habían hecho disparos al aire.

El presidente dijo la semana pasada a la prensa que guardias de seguridad armados habían conducido a los soldados hasta las protestas y uno de primeros al parecer fue el que comenzó los disparos.

Después, un número no precisado de soldados abrió fuego para protegerse de lo que consideraban como una multitud amenazante, señaló Pérez. Paz dijo que fueron arrestados todos los soldados que abrieron fuego.

Ricardo Guzmán, segundo subsecretario general del Ministerio Público, dijo que el ministerio de Defensa de Guatemala cooperó plenamente con la investigación porque facilitó la lista con cada uno de los soldados que estuvieron en el lugar de los hechos.

Guzmán indicó que todas las armas de los soldados fueron remitidas a su oficina para las pesquisas y que a decir de los investigadores con varias de ellas coincidieron específicamente los fragmentos de las balas retiradas a los cadáveres.

"Lo que sucedió en Totonicapán fue una tragedia terrible, terrible. Pero puedo decir que con esta investigación vimos el trabajo de un ministerio público independiente", dijo Michael Früling, embajador de Suecia en Guatemala. Desde la creación de la CICIG, Suecia ha donado más de 13 millones de dólares a la comisión.

Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, dijo que las conclusiones de su despacho coinciden con las del ministerio público. Afirmó que tales resultados habrían sido impensables hace apenas unos años.

"La investigación de Paz y Paz nos demuestra dos cosas. La capacidad de la CICIG de otorgar capacitación técnica y el alto nivel de profesionalismo con el que hoy cuenta el ministerio público", dijo Brunori.

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Romina Ruiz-Goiriena está en Twitter como: http://twitter.com/romireportsAP