Centenares de colonenses marcharon furiosos por las calles de esta provincia portuaria el sábado para exigir la derogatoria de una ley que permite la venta de las tierras en la mayor zona libre de América Latina, la cual opera aquí desde hace 64 años.

La marcha y otras manifestaciones en que grupos levantaron barricadas en las calles se produjeron después de los violentos disturbios del viernes, en los que la policía aplacó con gases lacrimógenos y disparos las protestas que se generaron después de la aprobación por el legislativo y la publicación de la ley.

En los disturbios murió un menor de 10 años al ser impactado por un disparo en el abdomen en un barrio pobre de la provincia, situada a 80 kilómetros al norte de la capital.

"El mensaje es claro: no queremos que se vendan las tierras de la zona libre", dijo a The Associated Press el dirigente popular colonense Víctor Chiari. "No se necesita vender las tierras, un patrimonio que nos pertenece, para invertir en el desarrollo de la provincia".

No se registraron incidentes violentos el sábado. Los barrios pobres de la provincia eran vigilados por agentes de las fuerzas de seguridad con pasamontañas y escopetas.

Los colonenses acusaron a la policía de disparar sin cuidado durante las protestas del viernes, en las que varios locales comerciales fueron saqueados por manifestantes.

La madre del menor fallecido, Eneida Vega, aseguró a la AP que los policías "lanzaron balas a lo loco. Ellos mataron a mi hijo y pido justicia y que me ayuden para poder enterrarlo".

"Era un niño que no tenía nada que ver con esto", agregó la mujer, de 33 años, y que tiene otros cinco hijos pequeños.

El gobierno pidió en un comunicado el sábado cordura a los colonenses para evitar más violencia.

"Llamamos a la tranquilidad, a la calma y a la no violencia, hay que deponer actitudes, es importante que nos podamos entender entre nosotros", señaló el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, aunque no respondió a la exigencia de los manifestantes.

Con la ley, el gobierno de Martinelli sustituye una norma mediante la cual se creó la zona libre en 1948 y crea un nuevo régimen de propiedad que permite la venta de las tierras que arrendan las empresas dedicadas allí a la importación y exportación de mercancías.

El gobierno destaca que con la ley se destinará el 35% de la venta de las tierras en proyectos de inversión social en Colón, pero los habitantes de esta provincia no están de acuerdo porque dicen que esos terrenos del Estado son como su patrimonio.

"Hemos vivido toda la vida con la zona libre y ningún gobierno se le ha ocurrido esa loca idea de vender este patrimonio", señaló el sábado a la AP Roberto Chiari, un albañil de 48 años, sentado en el parque central de esta ciudad, donde es común ver viejas casas de madera habitadas y aguas negras en las calles.

La zona libre, separada de la ciudad por muros, cuenta con 1.000 hectáreas de terreno, de las cuales entre 500 y 600 hectáreas son alquiladas por unas 2.000 empresas dedicadas a la importación y venta de mercancías.

El gobierno calcula que con la venta se recaudarían 400 millones de dólares en los próximos dos años.