El rechazo de la Corte Suprema de Justicia de Honduras a las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas como ciudades modelo y que impulsaban los poderes Ejecutivo y Legislativo, ha provocado regocijo y descontento entre partidarios y opositores del proyecto.

"Me siento triste porque lo que quería el Congreso Nacional (Parlamento) era darle empleo a todos los hondureños", dijo hoy a periodistas el presidente del Legislativo, Juan Orlando Hernández.

El político, que busca la candidatura presidencial del gobernante Partido Nacional en las elecciones internas del 18 de noviembre próximo, previo a las generales de noviembre de 2013, advirtió que el fallo de la Corte Suprema no le desanimará en su "lucha por darle mas oportunidades de empleo a los hondureños".

De los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia hondureña, trece votaron en contra de las RED, mientras que uno lo hizo a favor y el presidente de ese poder, Jorge Rivera, emitió un voto particular en el que no se pronunció por ninguna opción, según indicó a periodistas un portavoz de ese poder del Estado.

El exfiscal Hari Dixon, uno de los abogados que exigía la inconstitucionalidad del proyecto de las ciudades modelo, aprobado por el Legislativo en enero de 2011, expresó su satisfacción por el fallo y dijo que trece de los quince magistrados "han demostrado ser patriotas" y que a los dos restantes "la historia los juzgará".

Dixon es partidario de que los 126 diputados que en 2011 aprobaron las RED, reformando la Constitución, al igual que el presidente hondureño, Porfirio Lobo, deben ser acusados en los tribunales por "traición a la patria".

El poder judicial recibió más de 50 recursos en contra de las ciudades modelo, las que Lobo promovía para atraer inversión extranjera y crear empleos en su país, donde la pobreza afecta a más del 60 % de los 8,2 millones de habitantes.

El Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, Ramón Custodio, dijo a Efe que lo que los hondureños necesitan "es un país modelo, no ciudades modelo que solamente benefician a un reducido grupo de personas".

Agregó que con el fallo de la Corte Suprema de Justicia "la institucionalidad del Estado se está recuperando poco a poco".

"La decisión es parte de esa recuperación institucional de una Corte independiente, que viene a reforzar el reclamo justo de que debemos respetar la Constitución y debe haber respeto entre los poderes del Estado", subrayó el defensor del pueblo.

Custodio, quien siempre expresó su rechazo a las ciudades modelo, reafirmó que "el territorio hondureño no se puede fragmentar, ni tampoco la jurisdicción judicial".

"La Constitución debe respetarse, además debe el Legislativo acatar la decisión de un poder competente del Estado, Honduras sigue existiendo como país que no permite la fragmentación de su territorio como una tela para venderla a retazos", dijo Custodio.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia supone un golpe político no solo para el Legislativo, sino también para el presidente hondureño, quien a casi tres años de sus cuatro de mandato, no ha podido cumplirle a sus compatriotas con sus principales promesas de campaña: trabajo y seguridad.

Las ciudades modelo, a semejanza de Singapur y Hong Kong, eran para Lobo, una oportunidad para crear miles de empleo y generar riqueza en Honduras.

Según la información oficial disponible, las ciudades modelo, tendrían personalidad jurídica, su propio sistema de administración pública y su propia normativa legal, aunque sujeta a la aprobación del Parlamento hondureño, que dio luz ver al proyecto en 2011.

Antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional de ese poder votó con cuatro votos en contra y uno a favor de las ciudades modelo.

Ante la falta de consenso de la sala, el caso fue remitido al pleno de la Corte para que resolviera, con un fallo que es inapelable.