La presidenta brasileña Dilma Rouseff usó su poder de veto para modificar el nuevo Código Forestal, haciendo la ley ambiental más severa para intereses agrarios, al fortalecer requerimientos a lo largo de riberas de ríos, dijo un decreto gubernamental publicado el jueves.

El objetivo de Rousseff fue recuperar algunos de los elementos que estaban en la legislación original, pero que se perdieron a medida que la misma pasó por la cámara baja y el senado, y con ello "mantener el equilibrio entre las necesidades ambientales y sociales" en las zonas rurales, dijo la ministra del ambiente Izabella Teixeira.

Uno de los asuntos más debatidos alterado por la presidencia restauró diferentes normas para la reforestación a lo largo de riberas, de acuerdo con las dimensiones de las granjas.

Con el veto de Rousseff, las propiedades de tamaño mediano tendrán que mantener áreas forestadas de 20 metros de ancho junto a ríos, y los dueños de las propiedades mayores deberán preservar una franja forestada de 30 metros. El texto aprobado por el congreso requería que los dueños de propiedades medianas mantuviesen franjas forestadas de 15 metros y las propiedades mayores de 20 metros. Las propiedades menores van a tener que mantener al menos cinco metros de margen.

Teixeira dijo que esa solución escalonada es justa, porque toma en cuenta las dimensiones de la propiedad y la capacidad del dueño de mantener o restaurar vegetación.

"No creemos que el gobierno deba reducir los requerimientos de protección ambiental para los dueños de tierras grandes y medianas", dijo Teixeira ante reporteros el miércoles. "Existe un equilibrio y nosotros encontramos ese equilibrio".

El decreto, publicado en la gaceta oficial del gobierno, instituyó además un Registro Ambiental Rural, una base electrónica de datos que consolidará información de todos los estados y facilitará la supervisión de las leyes ambientales. El decreto prohíbe el uso de árboles frutales comerciales para reforestación dentro de las zonas obligatorias protegidas de una granja.