Organizaciones civiles, víctimas, indígenas e incluso exparamilitares desmovilizados reivindicaron hoy a través de manifiestos, cartas y movilizaciones participar en el proceso de paz que busca ponerle fin al conflicto en Colombia.

La sociedad civil mantuvo así el clamor que venía expresando en las últimas semanas, pero con la esperanza de que su voz retumbara con más fuerza mientras el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) constituían a las afueras de Oslo la mesa de diálogo que seguirá en La Habana a partir de noviembre.

El movimiento de izquierdas Marcha Patriótica, que aglutina a más de dos mil organizaciones, quiso hacer pública su voluntad "de poner el mayor empeño en acompañar y respaldar este proceso con sus ideas e iniciativas".

En su manifiesto instó "la más amplia participación de los sectores sociales y populares, de las mujeres, de los obreros, de los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes", para impulsar la inclusión de "nuevos temas para enriquecer la agenda" de las partes y así zanjar definitivamente el conflicto.

La Marcha Patriótica fue contundente al recalcar que el vehículo hacia la reconciliación nacional "no puede ser otro que un mecanismo que permita la real participación del conjunto de la sociedad".

Paralelamente, una organización de sobrevivientes de la Unión Patriótica (UP) de Colombia, partido izquierdista que sufrió el exterminio de más de 4.000 de sus militantes desde 1985, exigió también hoy garantías para la oposición política, al respaldar el inicio del diálogo de paz.

"Saludamos los diálogos, creemos que es una posibilidad que se abre para la paz", declaró a Efe en Bogotá el portavoz de la Coordinación Nacional de Víctimas del Genocidio contra la UP (CNVGCUP), Pablo Arenales.

La UP precisamente nació en 1985 como parte de un acuerdo entre el Ejecutivo encabezado por Belisario Betancur (1982-1986) y las FARC, en el primer proceso formal de paz entre ambas partes, que no tuvo el resultado esperado.

Desde su creación, la UP fue sometida a una campaña de exterminio a manos de paramilitares y agentes del Estado, que dieron muerte o hicieron desaparecer a más de 4.000 de sus dirigentes y simpatizantes, entre ellos tres candidatos presidenciales.

También la Autoridad Nacional de Gobierno de la Organización de Indígenas de Colombia (ONIC) dio "la bienvenida a la apertura del proceso de paz", pero lamentó que el camino hacia la reconciliación "tiene peaje y no puede ser transitado por todos".

"¿Cuál es el papel que espera el Gobierno que desempeñemos en este camino que emprendieron solitariamente?", y enseguida anotaron: "sentarnos pacientemente no es una opción".

Esta guerra "no es nuestra", subrayó la ONIC, e insistió en que "el camino de la paz es un camino en el que debemos transitar conjuntamente".

Pero hubo quien sí se identificó como actor armado del conflicto, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien a través de una carta dirigida al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a los dirigentes de las FARC pidió también pista para participar en las negociaciones de paz y poder ejercer luego la política.

En la misiva, firmada ayer y divulgada hoy por medios locales, el exjefe paramilitar le reclamó a Santos que dé continuidad al proceso de paz con las Autodefensas "de manera conjunta o en simultáneo con las FARC-EP y con los otros actores que deben tener asiento en esa mesa única o paralela".

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se sometieron entre 2003 y 2006 al marco jurídico de Justicia y Paz durante el Gobierno de Álvaro Uribe, por el cual entregaron las armas y se comprometieron a revelar la verdad a cambio de recortes en las penas, proceso que se saldó con la desmovilización de más de 31.000 hombres.

El Gobierno y las FARC asumieron el compromiso de entablar este diálogo de paz el pasado 26 de agosto en La Habana, mediante el llamado "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", que sólo contempla la participación social en la fase de implementación.

El acuerdo, que no incluye un alto el fuego previo, culminó tras seis meses de "conversaciones exploratorias" y secretas en Cuba, adonde se trasladarán las negociaciones tras la inauguración hoy en Oslo.