Los médicos uruguayos participarán "activamente" en la instrumentación de la ley que permite el aborto en el país e instarán al Gobierno a garantizar los "máximos derechos para todos" en su aplicación, informó hoy el presidente de la Sociedad Ginecotocológica de Uruguay, Gustavo Ferreiro.

El galeno señaló en declaraciones a Efe que las instituciones médicas del país colaborarán y discutirán con las autoridades públicas el proceso de reglamentación que sigue a la aprobación ayer por el Senado de la norma que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación por la sola decisión de la mujer.

"Para nosotros es una situación nueva, ahora tenemos que centrarnos en discutir como se instrumentaliza la ley", afirmó el ginecólogo, que apuntó que, entre otros asuntos, las organizaciones se preguntan como se va a reglamentar "la disponibilidad de fármacos abortivos como el misoprostol".

La ley aprobada por el Parlamento uruguayo técnicamente no legaliza el aborto, sino que lo despenaliza bajo ciertas prácticas que deberán ser reguladas por el Estado.

Así, las mujeres uruguayas que quieran abortar tendrán que acudir a un médico y expresarle su deseo.

Éste derivará a la mujer ante una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que le explicarán que pasos puede seguir, tanto si quiere seguir con el embarazo, como si no, y luego tendrá cinco días para reflexionar.

De seguir con su deseo, su médico iniciará inmediatamente el proceso para realizar el aborto, que se podrá realizar en cualquier centro médico público o privado.

Los abortos que se realicen fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales.

Ferreiro afirmó que el Ministerio de Salud Pública de Uruguay le mostró su disponibilidad para que participen y trabajen con ellos en llevar a la realidad la nueva situación legal del aborto en el país.

En cualquier caso, el máximo representante de los ginecólogos uruguayos destacó que, sea cual sea la legalidad del aborto en el país, siempre se tendrá que reconocer el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales médicos.

"No se puede obligar a un médico a hacer algo con lo que está en desacuerdo. Su posición ideológica o religiosa es respetable y se deberá instrumentar en base a eso", apuntó.

En este sentido, Daniel López, presidente del Círculo Católico, una institución médica uruguaya confesional, aseguró a Efe que negociará con el ministerio para "buscar soluciones" al nuevo contexto que se presenta tras la aprobación de la Ley.

"Las autoridades públicas siempre han mostrado muy buena voluntad para dar soluciones a esta situación" expresó.

Para López, la Ley es "muy clara" y permitirá a todas las partes trabajar "sin problemas" al contemplar que las instituciones cuyo ideario recoja problemas contra el aborto libre, "puedan hallar una solución".

No obstante, López defendió la posición antiabortista de su institución: "Nosotros siempre apostamos por la vida, pero somos respetuosos con los que piensan diferente".

A pesar de estar penado por ley, en Uruguay cada año se producen más de 30.000 abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, señalan organizaciones no gubernamentales.

En noviembre de 2008 se aprobó una ley similar, si bien no entró en vigor debido al veto impuesto por el entonces presidente, el oncólogo Tabaré Vázquez, en un gesto que causó una gran molestia en el seno del Frente Amplio y entre organizaciones feministas.