El Gobierno canadiense anunció hoy que reformará el sistema de pensiones del sector público, incluidas las de los parlamentarios canadienses, para ahorrarse unos 2.600 millones de dólares canadienses durante cinco años.

Al anunciar hoy los cambios, el ministro de Finanzas canadiense, Jim Flaherty, dijo que el Gobierno está considerando rebajar el crecimiento económico previsto para este año.

"Estamos siguiendo de forma estrecha (la evolución económica). Puede que tengamos que revisar algo hacia la baja", dijo el ministro de Finanzas canadiense, ante la situación económica mundial.

El Gobierno canadiense había previsto un crecimiento del 2,1 % para este año, aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo redujo en octubre al 1,9 %.

Entre los cambios anunciados hoy por el Gobierno en el sistema de pensiones del sector público se incluye el incremento de la edad de jubilación de diputados y funcionarios a los 65 años.

Los cambios entrarán en vigor en 2013 y solo afectarán a los nuevos funcionarios que se incorporen al sector público a partir de ahora.

Hasta el momento, los diputados podían empezar a cobrar sus pensiones a los 55 años. La edad para los funcionarios era los 60 años.

El Gobierno también aumentará las contribuciones que los parlamentarios tienen que hacer al sistema de pensiones para igualarlas a las que realizan los funcionarios.

Ottawa estima que estas medidas ahorrarán al erario público unos 2.600 millones de dólares canadienses (unos 2.639 dólares estadounidenses).

También hoy se conoció un informe que señala que los dos motores económicos de Canadá, las provincias de Ontario y Alberta, pueden arrastrar al país a una crisis financiera similar a la que sufren varios países europeos.

El informe, del Instituto MacDonald-Laurier, señala que varias provincias canadienses, especialmente Ontario y Alberta, tienen políticas fiscales insostenibles.

"Los canadienses pueden ser demasiado confiados si creen que la crisis de la deuda que está sacudiendo a Europa no podría suceder aquí", dijo uno de los autores del estudio.

"En el caso de Canadá, con una garantía federal de deuda provincial implícita, el Gobierno federal puede en último caso cargar con las consecuencias fiscales de cualquier morosidad provincial y al mismo tiempo puede estar subvencionando de forma implícita políticas provinciales inapropiadas", añade el informe.