El periódico El Espectador denunció el miércoles ser víctima de una amenaza de censura por parte de la Fiscalía General de la Nación, en una polémica postura que dividió a los más altos funcionarios del ente investigador en favor del diario más antiguo de Colombia.

En su editorial de la jornada, El Espectador, bajo el título "La libertad de expresión prima", aseguró que "La Fiscalía General de la Nación nos ha notificado, a través de una resolución firmada por la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Martha Lucía Zamora, que 'se dispuso la compulsación de copias disciplinarias y penales en contra de ese medio de comunicación y el de l(os) periodista(s) encargados de la publicación', por haber difundido una información del mediático caso del homicidio del estudiante Luis Andrés Colmenares".

El caso está relacionado con la publicación por parte de El Espectador de piezas procesales relacionadas con la investigación por la muerte, en octubre de 2010, de un joven universitario en Bogotá. El caso ha sido el más difundido por los medios de comunicación de Colombia en el último año toda vez que las sindicadas del presunto asesinato son dos jóvenes compañeras de estudio del occiso.

Enterados del editorial de El Espectador, tanto el fiscal general, Eduardo Montealegre, como el vicefiscal, Jorge Perdomo, se apartaron de la posición asumida por Zamora y dijeron que respetaban el trabajo de los medios de comunicación y la libertad de prensa.

"Nosotros somos unos convencidos del papel de los medios de comunicación y la libertad de prensa en la construcción de la democracia de nuestro país", aseguró Perdomo a los periodistas.

"Respetamos esa decisión (de Zamora), pero tengo que decirlo con total claridad que ni el Fiscal General ni yo la compartimos", insistió el funcionario en un hotel en el occidente de Bogotá.

Según el editorial, Zamora pidió investigar al periódico y a los periodistas que participaron en la publicación porque, al estar cobijadas las mencionadas piezas procesales por la reserva sumarial, es decir, que sólo pueden ser conocidas por las personas que intervienen en el proceso, como fiscales, jueces, procuradores y abogados, se pudo haber configurado un eventual delito.

El editorial sostuvo que quienes violan la reserva sumarial son aquellos sujetos procesales que filtran información y no los periodistas. "Ni más faltaba que nos vayan a callar a los periodistas cuando hemos actuado bajo el amparo de la ley".

Con la decisión de la Fiscalía "nos sentimos amenazados de censura porque si toma carrera esa tesis de la fiscal Zamora, de aquí en adelante serían los jueces los que nos dirían qué podemos publicar y que no", comentó en diálogo telefónico Fidel Cano, director de El Espectador, un periódico que fue fundado por su bisabuelo en 1887.

Cano agregó que el fiscal Montealegre lo llamó en la mañana del miércoles y "me dijo que estaba totalmente de acuerdo con el editorial y que él no estaba enterado de esa decisión" de la fiscal en mención.

Consultada vía telefónica sobre su determinación, Zamora sostuvo que no se equivocó, que respeta la libertad de prensa y que será otro fiscal y no ella el que decida si El Espectador y algunos de sus periodistas pudieron haber infringido la ley.

La funcionaria, actual coordinadora de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, explicó que "lo que no está bien (por parte del diario) es tomar lo que un testigo previamente ha expuesto ante un fiscal o ante un investigador y hacerle una crítica antes de que llegue a un juicio. Eso afecta al juez, a los demás intervinientes en el proceso y al mismo testigo y eso no se puede permitir".

"Usted se imagina", agregó la funcionaria, "cómo llega ese testigo (a un juicio) cuando ya hay un criterio generalizado, cuando se ha expuesto su nombre, cuando se ha ventilado lo que ha dicho en una entrevista en la Fiscalía".

Zamora es una veterana funcionaria judicial que en marzo pasado fue fiscal general encargada. También ha sido procuradora e hizo parte de la comisión de la Corte Suprema que investiga los nexos entre la clase política y los paramilitares