Varios miles de personas se manifestaron hoy de forma ruidosa pero pacífica ante la embajada de Estados Unidos en La Paz para exigir la extradición del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, para que sea juzgado por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 60 personas en 2003.

La multitud convocada por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), organismo afín al presidente Evo Morales, marchó entre esa ciudad y La Paz, colapsó el tráfico en varias avenidas y participó en mítines ante la legación diplomática custodiada por decenas de policías antidisturbios, según constató Efe.

"Estados Unidos no quiere extraditar al sanguinario que tanto dolor y daño ha causado a la población boliviana, en especial a la población alteña. Ahora renace esta furia, esta bronca. El tiempo no significa olvido y vamos a estar en constante estado de emergencia", declaró el máximo dirigente de la Fejuve, Javier Ajno.

Las manifestantes lanzaron petardos hacia el edificio de la embajada y su bandera, insultaron al presidente de EE.UU., Barack Obama, y quemaron varias pancartas con la imagen de Sánchez de Lozada, pero los incidentes no pasaron a mayores.

Con gritos como "¡Justicia, justicia!" y "¡El Alto de pie, nunca de rodillas!", así como maldiciones contra Sánchéz de Lozada, los manifestantes, muchos de ellos familiares de las víctimas y aimaras, la misma etnia de origen de Morales, pasaron ante la embajada.

La marcha reclamó la extradición del exmandatario (1993-1997 y 2002-2003) para que sea juzgado en Bolivia por el delito de genocidio, del que está acusado formalmente por presunta responsabilidad en la muerte de más de 60 personas durante la represión a una ola de protestas sociales en octubre de 2003.

El origen de los disturbios fue el rechazo de organizaciones sociales a la decisión de Sánchez de Lozada de exportar gas hacia EE.UU. a través de un puerto de Chile, país con el que Bolivia perdió una guerra que le costó su litoral en el Pacífico.

Sánchez de Lozada renunció en una fecha como la de hoy hace nueve años y huyó hacia Estados Unidos, que el mes pasado rechazó la petición de extradición planteada por Bolivia en 2008.

Bolivia pedirá una revisión del tratado de extradición vigente entre ambos países porque uno de los argumentos de Washington para el rechazo, según el Gobierno de Morales, es que hay diferencias en el documento sobre los delitos imputados a Sanchez de Lozada.

La manifestación se produce días después de que Morales criticara con dureza a Estados Unidos y afirmara que para los políticos, jefes de la policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia tener relaciones con esa embajada es ahora "como una caca".

Morales ha propuesto el martes en El Alto que el 17 de octubre sea declarado "Día de la Dignidad Nacional", porque, según dijo, este día escaparon del país los "masacradores y saqueadores", en alusión a la salida de Sánchez de Lozada y sus colaboradores.

Sánchez de Lozada dimitió con una carta dirigida al Congreso que hoy reproducen a toda página algunos diarios como un aviso pagado bajo el título de "El día que murió la democracia".

En esa carta, aseguraba ser víctima de un proceso de sedición que, con el pretexto del gas, violaba el respeto al voto y advertía del riesgo de la "desintegración nacional, el autoritarismo corporativista y sindical y la violencia fraticida".

La defensa de Sánchez de Lozada ha argumentado siempre que en la conspiración participó Morales con las protestas sociales y ha sostenido que la Justicia boliviana ha actuado sin independencia para su procesamiento y la petición de extradición.

Morales comentó hoy que leyó esa carta y consideró lamentable que Sánchez de Lozada escapara, porque -dijo- "debería estar en la cárcel", y ratificó que en 2003 el pueblo boliviano despertó y ahora está "mejor que antes" en "su economía" y "dignidad".

Cinco jefes militares de Sánchez de Lozada cumplen desde 2011 condenas de 10 a 15 años en prisión por los sucesos de 2003.

Dos exministros también fueron sentenciados con penas menores, pero no están recluidos, mientras que ocho de sus excolegas están asilados o refugiados en EE.UU., Perú y España.