Los países de la UE lograron hoy un nuevo acuerdo sobre la futura política de cohesión para el periodo 2014-2020, a la espera de conocer el presupuesto final con el que contará esa cartera, que debe ser pactado con el Parlamento Europeo.

El Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE, reunido en Luxemburgo, alcanzó el tercer acuerdo político sobre el futuro de la política de cohesión, que se suma a los acuerdos parciales logrados el pasado 24 de abril y 26 de junio, a falta de que se pronuncie sobre ellos la Eurocámara en primera lectura.

El consenso de abril se centró en la condicionalidad previa para acceder a los fondos, la gestión y el control, el seguimiento y evaluación, la eligibilidad y los principales proyectos, en tanto que el de junio versó sobre la concentración temática, los instrumentos financieros, las operaciones que generan ingresos netos, las asociaciones público-privadas y el marco de actuación.

En esta ocasión, los ministros acercaron posturas sobre la información y comunicación sobre los fondos, la cooperación territorial, de nuevo la gestión y el control (enmendando algunos aspectos del acuerdo parcial de abril), las recomendaciones específicas por países y los indicadores que ayudarán a evaluar el impacto de la política de cohesión en los países.

También sobre distintos asuntos financieros que no están incluidos en la negociación del presupuesto plurianual hasta 2020, como provisiones que aportan claridad a la hora de transferir recursos de una categoría de regiones a otras, o las condiciones de adicionalidad (los recursos comunitarios añaden y no sustituyen a los nacionales).

El comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn, intervino en el debate del Consejo para pedir que, en la negociación de los fondos, "no se diluya el concepto de gastar mejor y de forma más eficaz", lo que significa también dotar de más transparencia al uso de las ayudas.

Se refirió también a que, con las recomendaciones específicas por país, la Comisión Europea no pretende introducir cambios "cada año" en cómo los Estados deben utilizar esos fondos del presupuesto plurianual, sino disponer de "flexibilidad" suficiente para "reaccionar adecuadamente" si se producen cambios importantes a lo largo de esos siete años.

Además, defendió no utilizar demasiado dinero para "asistencia técnica", de modo que la burocracia absorba dinero que podría utilizarse en proyectos que redundasen directamente en el interés de los ciudadanos y, sobre la adicionalidad, pidió considerarlo "no como una carga, sino como un incentivo" para que los Estados miembros inviertan más en las regiones que vayan a la zaga.

Aunque finalmente apoyó la propuesta, países como Reino Unido afirmaron que la adicionalidad puede suponer "una carga" para los Estados en los que la política de cohesión supone una parte muy baja de su PIB.

Italia, en una línea similar, alertó de que la adicionalidad puede hacer que, si se crea una categoría de "regiones en transición" (con un PIB entre el 75 % y el 90 % de la media europea, que salen de cohesión pero no llegan al nivel de las regiones ricas), éstas lleguen a recibir "más fondos que en el pasado".

Los ministros dejaron claro, en todo caso, que los acuerdos alcanzados hasta ahora pueden ser modificados hasta que no se haya cerrado la negociación global de los fondos, para lo cual aún falta por sellar un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el presupuesto final del que dispondrán entre 2014 y 2020.