La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si procede una denuncia por presunta ejecución extrajudicial planteada por la oposición contra el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, por la muerte de seis indígenas durante una protesta el pasado 4 de octubre, informaron hoy fuentes judiciales.

La denuncia presentada hace ocho días por el opositor partido Libertad Democrática Renovada (Líder), que dirige el empresario Manuel Baldizón, está en poder de los magistrados de la CSJ.

Un portavoz del Ministerio Público (Fiscalía), dijo hoy a Efe que para seguir con los pasos establecidos en la ley, el expediente fue remitido a Gestión Penal del Organismo Judicial.

Inicialmente, el expediente fue recibido por el Juzgado Sexto de Primera Instancia, el cual lo elevó a la CSJ.

La Corte deberá decidir si la denuncia, conocida como antejuicio, planteada por el partido Líder tiene o no fundamento.

Según la ley, si los magistrados consideran que existen suficientes pruebas, deberá remitir el expediente al Congreso de Guatemala para que este Organismo decida si integra una comisión que investigue al mandatario.

De lo contrario, la denuncia debe ser archivada (rechazada).

El partido Líder acusa a Pérez Molina de los delitos de ejecución extrajudicial, ejecución extrajudicial en grado de tentativa, abuso de autoridad y lesiones, por la muerte de seis indígenas durante una protesta el 4 de octubre último en el noroeste del país, en la que otras 34 personas resultaron heridas.

La denuncia también fue planteada contra el ministro guatemalteco de Defensa, el general Ulises Anzueto, debido a que la muerte de los indígenas se le imputa a miembros del Ejército.

En un comunicado, la Fiscalía explicó que hasta que no se declare con lugar el posible antejuicio (levantar la inmunidad de la que gozan el presidente y su ministro), el Ministerio Público no tiene competencia para conocer la denuncia.

La muerte de los seis indígenas se registró cuando miles de pobladores del departamento noroccidental de Totonicapán protestaban contra el alza de la energía eléctrica y las reformas constitucionales que promueve Pérez Molina.

Aunque dirigentes de la protestas sostienen que fueron ocho los muertos y la Procuraduría de Derechos Humanos siete, la Fiscalía sólo admite seis muertes.

El pasado jueves, a petición de la Fiscalía, fueron capturados un coronel y ocho soldados, como supuestos responsables de haber disparado contra la muchedumbre.