Un juzgado del norte de Colombia ordenó hoy devolver a 14 familias campesinas unas 65 hectáreas de tierras que les fueron arrebatadas violentamente por paramilitares en marzo del año 2000 y se convierte en la primera sentencia de restitución de predios en el país.

Según un comunicado del Consejo Superior de la Judicatura, presidido por el magistrado Néstor Correa Henao, "se trata de una sentencia histórica, porque es la primera que se profiere en aplicación de la Ley de Víctimas y porque con ella se da inicio a la restitución de tierras".

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos puso en vigor el pasado enero la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, normativa para reparar a los millones de colombianos afectados por el conflicto armado interno.

En tierras, Santos se propuso restituir unos 3,5 millones de hectáreas durante su mandato de cuatro años, que terminará en 2014.

La sentencia, de 94 páginas, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, de El Carmen de Bolívar, favorece a 14 familias y ordena restituirles cerca de 65 hectáreas.

El documento explica que la situación se registró en el caserío de Mampuján, municipio de María la Baja, departamento de Bolívar (norte), en hechos acaecidos el 11 de marzo de 2000.

A esa población ingresaron 150 hombres de "Bloque Héroes de los Montes de María", de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes advirtieron a los lugareños que debían abandonar sus tierras por lo que las familias tuvieron que dejarlas y desplazarse al casco urbano del municipio.

La sentencia es explicita al ordenar que a las familias se les debe restituir las tierras y "formalizar los títulos de propiedad" y "garantizar el retorno" de los campesinos a sus predios.

Se espera, según el magistrado Correa, que antes de finalizar el año se fallen al menos otros tres casos similares en esta región del país en la que hubo fuerte presencia paramilitar.

La semana pasada, el ministro de Agricultura de Colombia, Juan Camilo Restrepo, denunció la apropiación y adjudicación irregular de entre 70.000 y 100.000 hectáreas de tierras baldías del Estado y rechazó que algunos terrenos tuvieron como destinatarios personas acaudaladas y no campesinos pobres.