Ecuador registró ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) el pedido de anulación del fallo que lo condenó a pagar 1.769 millones de dólares a la petrolera estadounidense Occidental, a la que en el 2006 canceló unilateralmente el contrato de exploración y explotación de petróleo en la amazonia, se informó el martes.

La Procuraduría General dijo que envió la solicitud de anulación el 9 de octubre y que el pedido fue registrado dos días más tarde por la secretaria general del Ciadi, Meg Kinnear.

El procurador Diego García afirmó que "la solicitud de anulación presentada por la defensa del estado ecuatoriano tiene como principales argumentos jurídicos que... se excedió de manera manifiesta el ejercicio de sus competencias, sus decisiones fueron tomadas sin motivación o con motivación insuficiente o contradictoria y se violaron reglas fundamentales del procedimiento, causales que, según el propio Convenio CIADI, sustentan un pedido de nulidad de un laudo".

Añadió que "estaremos atentos a la conformación del Comité de Anulación, entendiendo que para su integración se buscará a expertos en derecho internacional, con un perfil de independencia e imparcialidad a los intereses de las partes".

El presidente Rafael Correa había dicho el fin de semana que el fallo en contra de Ecuador es "un nuevo abuso contra el país... ahí están las consecuencias de haber entregado la soberanía del país a esos tribunales".

Entre 1999 y 2006 Occidental operó en Ecuador el bloque petrolero 15, de unas 200.000 hectáreas, con una producción aproximada de 100.000 barriles diarios, la quinta parte del total del país. La inversión estimada por la empresa fue de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares.

En mayo de 2006, Ecuador dispuso la terminación unilateral del contrato y revirtió para sí las áreas operadas así como la infraestructura de la transnacional alegando incumplimientos contractuales, entre otras cosas, por haber cedido un porcentaje de sus acciones a otra empresa sin la autorización del ministerio de Energía, como constaba en el contrato.

Occidental inició entonces un proceso legal ante el Ciadi que finalmente determinó el pago por considerar que Ecuador no dio "trato justo y equitativo" a la inversión de los demandantes.