Un juzgado civil del norte de Colombia ordenó el martes devolverles a campesinos 65 hectáreas que les fueron arrebatadas a la fuerza por un grupo paramilitar hace más de 12 años, en lo que se constituye la primera sentencia de restitución de tierras en el país, informó el Consejo Superior de la Judicatura.

"Se trata de una sentencia histórica porque es la primera que se profiere en aplicación de la Ley de Víctimas y porque con ella se da inicio a la restitución de tierras en (la región de) los Montes de María, que fue una de las regiones del país más afectadas por el despojo masivo", dijo en un comunicado de prensa el magistrado Néstor Raúl Correa, presidente del Consejo Superior de la Judicatura o una de las cuatro altas cortes del país.

La sentencia, según Correa, está relacionada con hechos de violencia ocurridos el 11 de marzo del año 2000 en el corregimiento de Mampuján, departamento de Bolívar y a unos 608 kilómetros al norte de Bogotá, cuando 150 paramilitares, mediante intimidaciones con armas, advirtieron a sus habitantes que debían salir de allí antes de la madrugada del día siguiente, lo que dio lugar al desplazamiento forzado de 338 grupos familiares.

La sentencia, agregó el comunicado, fue proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del municipio de Carmen de Bolívar, a unos 575 kilómetros al norte de Bogotá, y favorece a 14 familias a las que se les restituirá las 65 hectáreas de tierra.

La providencia judicial ordenó, en síntesis, "devolverles la tierra a sus anteriores ocupantes, adjudicarles territorios baldíos y... formalizar sus títulos de propiedad, además de ordenar a la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas que realice las demás diligencias necesarias para garantizar el retorno a sus predios de la comunidad de Mampuján".

Correa anunció que antes de que termine el año se es posible que se produzcan otros fallos similares al de la jornada.

La propiedad de la tierra ha sido descrita comúnmente como una de las raíces del conflicto armado interno en este país de 114 millones de hectáreas, de las cuales grupos no gubernamentales y funcionarios afirman que al menos 2 millones le fueron quitadas a los campesinos por grupos armados ilegales, 4 millones fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de esos grupos y entre 400.000 y 500.000 le fueron robadas al estado en procesos fraudulentos en notarías y registros.