El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones (Ciadi) ha suspendido el laudo de condena al Estado ecuatoriano en el contencioso con la petrolera estadounidense Occidental (Oxy) por una supuesta violación al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.

Así lo informó hoy la Procuraduría General de Ecuador en un comunicado, en el que señala que la Secretaría General del Ciadi informó a ambas partes con "la suspensión de la ejecución del laudo" arbitral de un tribunal del organismo, que condenó al Estado andino a pagar más de 1.700 millones de dólares.

El caso se refiere a una demanda presentada por Oxy en 2006, después de que el Gobierno de Ecuador le cancelara el contrato de explotación del bloque petrolero 15, porque Oxy supuestamente cedió sin avisarle el 40 por ciento de sus derechos en ese campo a AEC, una filial de la canadiense Encana.

La Procuraduría recordó hoy que el pasado 9 de octubre envío al Ciadi una solicitud de "anulación del laudo", la misma que "fue registrada el 11 del mismo mes por su secretaria general, Meg Kinnear".

Añadió que, en la carta de registro, la secretaria pidió al Consejo Administrativo del Ciadi que "se nombre un Comité ad-hoc para que conozca y resuelva sobre la solicitud de anulación presentada por Ecuador".

Asimismo, precisó que la suspensión del laudo "deberá ser ratificada por el Comité de Anulación (ad-hoc)", una vez que tome posesión.

Al respecto, el procurador general del Estado ecuatoriano, Diego García, señaló que "la solicitud de anulación" tenía como "principales argumentos jurídicos, que el tribunal se excedió de manera manifiesta en el ejercicio de sus competencias".

Además, indicó que las decisiones del tribunal "fueron tomadas sin motivación o con motivación insuficiente o contradictoria y se violaron reglas fundamentales del procedimiento, causales que, según el propio convenio Ciadi, sustentan un pedido de nulidad de un laudo".

García recordó que a los argumentos se suma "el enérgico rechazo generado" en el "voto disidente de uno de los miembros del tribunal arbitral, la profesora Brigitte Stern".

Ese hecho, "pocas veces visto en un arbitraje de inversiones", revela las "gravísimas violaciones en las que incurrió el tribunal (arbitral), al exceder de manera manifiesta los límites de su propia competencia", apuntó García.

Agregó que "el voto disidente de la profesora Stern señala la existencia de un laudo de mayoría carente de motivación, contradictorio y en el que se constata un evidente exceso de poder".

"Estaremos atentos a la conformación del Comité de Anulación, entendiendo que para su integración se buscará a expertos en derecho internacional, con un perfil de independencia e imparcialidad a los intereses de las partes", agregó el abogado del Estado ecuatoriano.

Acotó que "la credibilidad del sistema de arbitraje internacional de inversiones, seriamente afectada por decisiones como la tomada en este caso, depende de la actuación del Ciadi al momento de integrar el tribunal (ad-hoc) y de la decisión que se adopte frente a la solicitud de anulación presentada por Ecuador".