Cuando el gobierno nacional comenzó a apoderarse de tierras para construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, a Teófilo Flores le ofrecieron 1.650 dólares por una parte del terreno de su casa.

Al principio parecía buen negocio. Pero luego se enteró de que su vecino había cobrado 40 veces más por un terreno similar. Y que otro agricultor de la zona había recibido un millón de dólares.

Desde el 2008, cientos de personas que poseían tierras en la frontera han tratado de conseguir precios justos por terrenos apropiados por el estado para construir el muro. Pero muchos de ellos recibieron ofertas por debajo del valor del mercado. Y decenas de ellos las aceptaron sin buscar primero asistencia legal, para descubrir posteriormente que sus vecinos habían conseguido arreglos mucho mejores con la ayuda de abogados.

"Te enojas. Pero así es la vida, supongo", manifestó Flores, quien cultiva algodón. "La gente que sacó más dinero puede darse el lujo de hacer otras cosas".

La disparidad en las compensaciones ha generado interrogantes en torno al trato que dio el Departamento de Justicia a cientos de personas con terrenos en la frontera, desde Texas a California, que no pudieron pagar abogados y que ahora viven con una enorme estructura metálica en sus granjas, haciendas y patios traseros.

La diferencia en los precios "refleja lo injustas que fueron las ofertas iniciales", afirmó la abogada Corinna Spencer-Scheurich, que representó a personas de ingresos bajos y medianos cuando comenzaron las apropiaciones.

El gobierno nacional "está usando su poder para quedarse con las tierras a un precio injusto. Creo que eso está claro, a juzgar por los arreglos que han hecho" cuando tuvieron que negociar, indicó.

Los abogados del gobierno dijeron que esas ofertas iniciales eran solo un primer paso y que posteriormente podían ser ajustadas.

En el 2006, el Congreso ordenó la construcción de un muro de metal de 1.078 kilómetros (670 millas) para combatir la inmigración ilegal. El proyecto forzaba a que los propietarios entregasen los terrenos por donde debía pasar el muro. En algunos casos eran extensiones pequeñas, en otros campos enteros.

La Constitución estipula que el gobierno debe compensar a la gente cuando se apropia de sus tierras.

Unas 400 personas fueron afectadas por este proyecto. La mayoría son de Texas, donde hay un porcentaje mucho mayor de tierras fronterizas en manos privadas. En Nuevo México, Arizona y California, el grueso de las tierras de la frontera ya estaban en manos del estado.

Un estudio de la Associated Press de casi 300 casos de Texas revela que la mayor parte del dinero para las compensaciones fue a parar a manos de un pequeño grupo de personas que pusieron abogados. La medida les dio buenos resultados: El 85% de los 15 millones de dólares entregados fue distribuido entre un tercio de las personas afectadas.

Hay otras razones por las que la gente que puso abogados recibió más dinero. Muchas de esas personas eran propietarias de grandes extensiones de terrenos donde se cultivan cítricos, que son más valiosos.

Los agricultores son además quienes más tienen que perder, porque sus maquinarias deben que hacer grandes rodeos para esquivar las estructuras metálicas, lo que demora las faenas.

La mayor parte de las obras terminaron hace dos años, pero el gobierno todavía está negociando el precio de algunos terrenos.

Un caso reciente involucró poco más de 3 hectáreas en el ingreso a una plantación de palmeras administrada por The Nature Conservancy. El gobierno ofreció inicialmente 114.000 dólares, pero al final pagó casi un millón.

El muro impidió que se siguiese adelanto con un proyecto de construir un distrito de diversiones a lo largo del río Bravo en Brownsville. La oferta inicial del gobierno fue de 233.300 dólares. Luego de una batalla legal de tres años que casi desemboca en un juicio, se llegó a un acuerdo por 4,7 millones de dólares.

Pero ese tipo de arreglos es escaso consuelo para Oscar Ceballos, dueño de una empresa de camiones cuya vivienda se encuentra en el mismo terreno donde funcionan su compañía y un taller mecánico de su propiedad. Ceballos dijo que en un primer momento le ofrecieron 1.600 dólares para que entregase unos 18 metros (60 pies) de tierra.

Aseguró que la oferta era ridícula. Al no tener dinero para un abogado, acudió a un servicio de asesoría gratuita. El y otros 28 propietarios de tierras en la frontera pidieron una revisión de sus casos.

Ceballos acusa al gobierno de tratar de sabotear su caso revelando su patrimonio y presionando a su abogado, al que le pide que explique por qué una institución como esa acepta a alguien como Ceballos como cliente.

En determinado momento, el abogado le dijo a Ceballos que había logrado todo lo que podía conseguir y que si quería más dinero debía acudir a un abogado privado más especializado. A esa altura, el gobierno había aceptado pagar más de 40.000 dólares.

"No me hubieran dado nada aproximado a esa cifra de no haber tenido asistencia legal", expresó Ceballos. "Hay gente que no sabía o no pudo hacerle frente al gobierno y aceptó lo que le ofrecieron".

El Departamento de Justicia se negó a hablar de los casos que todavía no se han resuelto.

Abogados del gobierno afirman que las primeras ofertas equivalían tan solo a un pago inicial para permitir que comenzase la construcción. La idea era que el resto de la compensación sería pagado más adelante, tomando en cuenta los daños sufridos por una propiedad y la pérdida de valor. Los abogados de algunas personas estuvieron de acuerdo.

De las 28 personas que pidieron ir a juicio, la mitad arreglaron por sumas que representan, término promedio, un 1.200% más que la oferta inicial.

"El gobierno finalmente entró en razón", dijo el abogado H. Dixon Montague, que negoció el arreglo por el terreno que iba a ocupar el distrito de diversiones.

Flores, de 75 años, solucionó su caso a mediados de año. Tuvo un abogado durante un tiempo, pero lo dejó ir cuando este le informó que para ir a un juicio tendría que pagarle 25.000 dólares.

Algunos vecinos también se entregaron.

"Hay que buscar la solución más barata", manifestó.

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En este despacho colaboraron los redactores de la Associated Press Ramit Plushnick-Masti y Christopher Sherman.

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Paul J. Weber está en Twitter como www.twitter.com/pauljweber .