Los otrora conocidos líderes de las FARC, que presidieron hace una década el último intento de poner fin al conflicto armado que ha cobrado miles de vidas en Colombia a lo largo de medio siglo, estarán ausentes esta semana en la apertura de las conversaciones de paz en Noruega entre el gobierno y el principal grupo guerrillero.

Muchos de los líderes históricos están muertos, la mayoría abatidos en incursiones militares, mientras se cree que algunos otros se quedaron sobre el terreno comandando una insurgencia fuertemente diezmada por un ejército reforzado por años de apoyo financiero y logístico de Estados Unidos.

En esta ocasión, la mayoría de los rostros y los nombres de los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son poco conocidos por sus compatriotas. A diferencia de las últimas negociaciones, entre 1999 y 2002, los rebeldes no cuentan esta vez con un refugio seguro, pues el presidente Juan Manuel Santos no lo aceptaría.

Ambos bandos en las negociaciones mantenían un perfil bajo de cara a las conversaciones, que se celebrarán en un lugar secreto en las afueras de Oslo. No hay acceso a medios de comunicación e incluso la hora y fecha de la reunión, que originalmente se dijo estaba programada para el lunes, son inciertas, aunque hay una conferencia de prensa programada para el miércoles.

Los rebeldes, por su parte, han ofrecido sólo una vaga idea de lo que van a exigir a cambio de deponer las armas, más allá de reforma agraria y garantías de seguridad para los combatientes que se desmovilicen.

El domingo, unas 200 personas se reunieron en el centro de Bogotá para exigir justicia para sus parientes secuestrados por los rebeldes y que nunca fueron liberados.

El ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002), quien presidió la última ronda de negociaciones de paz que se extendieron por casi todo su mandato antes de colapsar en medio de desacuerdos, es uno de los colombianos que se preguntan por qué dos todavía poderosos comandantes que participaron en las negociaciones anteriores, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, estarán ausentes de las conversaciones en Noruega.

"La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿están todas las FARC y está monolíticamente unidas en torno a este proceso?", dijo Pastrana, quién se reunió en secreto en 1998 con el fallecido fundador de las FARC Manuel Marulanda para acordar la última ronda de conversaciones. "No lo tengo muy claro, ojalá sea así".

Los negociadores de las FARC, cuyas discusiones con el gobierno se trasladarán a La Habana a finales de este mes, incluyen a Iván Márquez, uno de los seis miembros del Secretariado, la máxima instancia de los rebeldes. También a Marco León Calarcá, la voz pública de la guerrilla durante la década de 1990.

Otro negociador es Ricardo Téllez o Rodrigo Granda, fue capturado en 2004 por agentes colombianos en Venezuela, pero que fue liberado por el gobierno colombiano tres años más tarde en un gesto de buena fe para animar a las FARC a liberar a todos sus "rehenes políticos".

Los rebeldes liberaron a los últimos secuestrados de ese tipo en abril, cumpliendo una condición del acuerdo bajo el cual comenzaron conversaciones preliminares secretas el 23 de febrero en La Habana.

El único negociador de las FARC bien conocido por los colombianos, Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, está cumpliendo una condena de 60 años en Estados Unidos. Palmera, un ex banquero, saltó a la fama durante las últimas conversaciones.

El fiscal general de Colombia ha dicho que a Palmera se le podría permitir participar en las conversaciones de Oslo a través de una teleconferencia desde una prisión en Colorado.

Palmera fue condenado por el secuestro de tres contratistas militares estadounidenses, cuyo avión de vigilancia se estrelló en territorio rebelde en 2003 debido a una falla mecánica. Los tres hombres fueron rescatados en julio de 2008 junto con la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y otros secuestrados en la "Operación Jaque", un sofisticado ardid en el que unidades especiales de Colombia se hicieron pasar por trabajadores humanitarios internacionales.

Muchos de los antiguos líderes de las FARC han sido abatidos por los militares en redadas que comenzaron a inclinar la balanza del conflicto a favor del gobierno en 2008.

Marulanda murió de un aparente ataque al corazón en ese año, justo después de que su principal vocero en aquellas conversaciones, Raúl Reyes, fue asesinado en una incursión militar transfronteriza en Ecuador que llevó brevemente las tensiones regionales hasta el punto de ebullición.

En septiembre de 2010, el grupo perdió a su indiscutible jefe militar, Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, en un asalto aéreo contra su escondite en la selva. El sucesor de Marulanda en la cima de las FARC, Alfonso Cano, fue abatido por militares colombianos el año pasado.

El impacto de los rebeldes también está muy disminuido, aunque los insurgentes han intensificado ataques esporádicos en los últimos meses, sobre todo en instalaciones petroleras.

Aunque las FARC operaban en más de la mitad de los 1.102 municipios de Colombia en la década de 1990, su actividad se concentra ahora en sólo 70 municipios, dice el ministerio de Defensa. El actual máximo jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, manda sobre unos 9.000 rebeldes, una fuerza agotada por las deserciones y las bajas que hace una década era aproximadamente el doble.

Jiménez reconoció el 4 de septiembre, cuando ambas partes anunciaron las conversaciones formales de paz, el daño infligido a su organización por el redoblado despliegue militar con el respaldo de Estados Unidos, que comenzó en el año 2000 bajo Pastrana y fue intensificado por su sucesor, Alvaro Uribe (2002-2010). Antes de ganar las elecciones, Santos fue ministro de defensa en el gobierno de Uribe entre 2006 y 2009.

Jiménez, de 53 años, dijo en una entrevista publicada el mes pasado por semanario Voz del Partido Comunista que estaba dispuesto a buscar el diálogo y una salida política sin derramamiento de sangre.

El editor del semanario, Carlos Lozano, dice que es crucial para las FARC que si sus combatientes deponen las armas e ingresan en la política no sean perseguidos y asesinados como ocurrió con unos 5.000 miembros del entonces brazo político de los rebeldes, la Unión Patriótica, en la década de 1980.

Aunque los colombianos están cansados de décadas de conflicto armado, a la élite gobernante de Colombia consideran execrables las ideas izquierdistas de las FARC. La insurgencia campesina surgió a partir de movimiento agrario de autodefensa en 1950 que más tarde se fusionó con activistas comunistas que el gobierno estadounidense ayudó a reprimir.

El acuerdo firmado el 26 de agosto en La Habana para establecer la agenda de diálogos de paz dice que el objetivo será lograr un desarrollo económico con justicia social para la gran mayoría de los colombianos. Da prioridad al acceso a la tierra fértil para la población rural pobre, plenos derechos políticos y el fin de la participación de los rebeldes en el comercio ilegal de narcóticos.

Mientras que la última prioridad es del gobierno, los demás son los objetivos de las FARC, dijo Lozano. El gobierno acusa al grupo de financiarse a través del tráfico de cocaína.

Colombia es un país de profundas desigualdades. Gran parte de sus zonas rurales son controladas por ganaderos que en la década de 1980 formaron milicias de extrema derecha para defenderse de los secuestros y las extorsiones de los rebeldes.

Más de 1,2 millones de personas han sido desplazadas en los últimos cinco años y 5,2 millones desde 1985, principalmente por las milicias de extrema derecha, según el grupo independiente Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.

El 60% de las tierras fértiles de Colombia están en manos de apenas 14.000 terratenientes mientras que 2,5 millones de campesinos poseen menos del 20%, según Alejandro Reyes, director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.

El ex presidente Belisario Betancur, quien intentó firmar la paz con los rebeldes durante su mandato entre 1982 y 1986, dijo que es optimista en esta ocasión. Pero Betancur, de 89 años de edad, agregó que incluso si se firma la paz, los problemas del país, como pobreza, desigualdad, entre otros, no acabarán.

"No hay reivindicaciones de las FARC que los gobiernos puedan satisfacer por decreto", dijo Betancur. "Que se diga 'el presidente de la república en uso de sus facultades constitucionales decreta: a partir del 1 de octubre no habrá pobres en Colombia'. Imagínese, es una puerilidad, una utopía".

Síguenos en twitter.com/foxnewslatino
Agréganos en facebook.com/foxnewslatino