El Gobierno portugués entrega hoy al Parlamento su propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que incluye un significativo aumento de la presión fiscal recibido con polémica en el país.

El Ejecutivo luso, de signo conservador, ha trabajado en este documento durante las tres últimas semanas con reuniones maratonianas en Consejo de Ministros que se llegaron a prolongar hasta 20 horas por día.

Detrás de estos trabajos se encuentra la necesidad de mejorar las cuentas públicas lusas para cumplir con los compromisos de reducción del déficit público adquiridos con la troika pese a la dificultad añadida que supone el agravamiento de la crisis.

Para 2013, la mayor caída de la actividad económica y el aumento del desempleo -que superará el 16 %- previstos por el Gobierno provocará más contracción del consumo, reduciendo por tanto los ingresos fiscales y al mismo tiempo elevando el gasto público para atender a los desempleados.

Para resolver la ecuación, el Gabinete del primer ministro, Pedro Passos Coelho, apuesta por una nueva y significativa subida de los impuestos que, según el borrador desvelado por la prensa lusa, afectará también a quienes menos ganan, incluirá cortes en el subsidio que reciben los desempleados y gravará con una tasa las transacciones financieras.

La troika -formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- aceptó el pasado septiembre flexibilizar sus metas de reducción del déficit para Portugal, que pasaron del 4,5 al 5 % del PIB en 2012 y del 3 al 4,5 % en 2013.

Esta suavización, sin embargo, no evita que el país necesite de nuevos ajustes, pese a que el Ejecutivo luso ha cumplido a rajatabla con el programa de reformas acordado con los organismos internacionales como contrapartida por su ayuda financiera.

La adopción de nuevas medidas de austeridad se debe en parte a la decisión del Tribunal Constitucional portugués de revocar la supresión de hasta dos pagas a funcionarios y pensionistas -vigente este año- por considerarlo injusto en comparación con los empleados del sector privado, que no sufrieron un corte similar.

Inicialmente, el Gobierno de Passos Coelho planteó compensar esta pérdida de ingresos con una subida lineal de la contribución a la Seguridad Social que pagan todos los trabajadores, que les hubiera afectado a todos por igual independientemente de su nivel de rendimientos.

La idea fue ampliamente contestada por oposición, sindicatos e incluso empresarios, y generó una nueva oleada de protestas multitudinarias que recuperaron el espíritu "indignado" que apenas había vuelto a manifestarse desde la celebración de las elecciones en junio de 2011.

La polémica causó las primeras divergencias públicas en el seno del Gobierno, que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento gracias a la alianza de socialdemócratas (PSD) y democratacristianos (CDS-PP).

Incluso varios miembros del PSD cercanos al jefe del Estado luso, el también conservador Aníbal Cavaco Silva, criticaron públicamente una iniciativa que acabó por ser desestimada tras una reunión del Consejo de Estado convocada a petición precisamente del presidente del país.

El incremento de las tasas que recoge su propuesta de Presupuestos para 2013 -calificado de "enorme" por el propio ministro de Finanzas- no agrada tampoco a oposición y sindicatos, y ya está convocada para el próximo 14 de noviembre una nueva huelga general.

El deterioro del clima político y social en Portugal tampoco ha pasado desapercibido en Bruselas, y un informe divulgado el pasado jueves destacaba la aparición de "fisuras" que debilitan un consenso considerado "fundamental" para el éxito del programa de ajuste luso.