El Gobierno argentino anunció hoy que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuración General (Fiscalía) para destrabar un embrollo judicial que afecta a la aplicación de la Ley de Medios.

Con ambas denuncias, el Gobierno de Cristina Fernández pretende que se investigue al Consejo de la Magistratura por "los bloqueos de jueces naturales para cubrir puestos en la Cámara Civil y Comercial", en el contexto del tratamiento de la Ley de Medios, explicó el ministro argentino de Justicia, Julio Alak.

"Pedimos que el máximo tribunal se avoque a resolver estas irregularidades", afirmó el ministro, que sostuvo que la "maniobra" que afecta al Consejo de la Magistratura responde a actuaciones de consejeros de la "oposición".

La decisión del Gobierno se produce en un clima de enfrentamiento creciente con el grupo Clarín, el mayor multimedia del país y el más afectado por la aplicación de la Ley de Medios.

El Consejo de la Magistratura es el órgano que debe designar, entre otros, al juez que tiene que encargarse de la causa abierta por el reclamo del grupo Clarín contra un artículo de la Ley que obliga a desinvertir a los grupos que superan las licencias permitidas en la nueva normativa.

Hace dos semanas, la Corte avaló el nombramiento de un juez que debía pronunciarse sobre el recurso de Clarín y que terminó renunciando.

Desde entonces, se ha recrudecido la batalla legal entre los consejeros de oficialismo y oposición en el seno del Consejo de la Magistratura por la interpretación de la Ley que, según el Ejecutivo, debe entrar en vigor el próximo 7 de diciembre.