El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) denuncia en un estudio que el campesinado colombiano sufre un "déficit de ciudadanía" como consecuencia de una falta de políticas públicas de desarrollo rural que, históricamente, le han negado el acceso a derechos básicos y reconocimiento social.

Esta es la principal conclusión del cuaderno "El campesinado. Reconocimiento para construir país" que el PNUD presentará oficialmente el próximo miércoles, pero que dio a conocer previamente a medios internacionales, y que se convierte en la cuarta entrega de la serie que la agencia ha elaborado tras el Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011.

Fundamentalmente, el estudio sitúa la problemática del campesinado colombiano en la dificultad para acceder a tierras, créditos, asistencia técnica, tecnología, información, vías de comercialización y bienes públicos tales como la educación, la salud y la justicia en un marco de "desatención estatal y violencia".

Según el PNUD, alrededor de un 32 % de la población vive en "ámbitos predominantemente rurales", de la que, aproximadamente, entre 9 y 11 millones serían campesinos.

Esta falta de reconocimiento institucional y social está directamente relacionada, según el informe, con "un imaginario del campesinado desvalido, carente de oportunidades y servicios", que queda relegado a "un papel subsidiario, sin derechos ni garantías".

Así, el cuaderno del PNUD denuncia que en 2009, los medianos y grandes productores obtuvieron el 78,2 % del total de créditos concedidos, mientras los pequeños productores sólo dispusieron del 21,8 %.

Del mismo modo, apunta que en 2008 sólo el 18,28 % de los campesinos tuvieron acceso a una asistencia técnica.

En términos de cultivo, el PNUD señala que de los 21,5 millones de hectáreas que se estiman aptas para el cultivo en Colombia, sólo se explotan 4,9 millones, de modo que sólo el 22,7 % de las tierras potencialmente productivas están siendo cultivadas.

Ante esta situación, la agencia alerta que de 1950 a 2000, los cultivos campesinos se redujeron del 59,39 % al 36,15 % con respecto al total de la producción agropecuaria, lo que constataría la "casi total extinción de algunos cultivos propiamente campesinos como el trigo el ajonjolí y la cebada".

Mientras, el maíz, el fríjol y la yuca disminuyeron progresivamente.

Esta disminución de la participación de cultivos campesinos en el total de la producción nacional habría provocado, paralelamente, una diversificación de su economía familiar con la participación en actividades agrarias distintas como la minería, la pesca salvaje, el comercio, la manufactura y los servicios.

En un encuentro con periodistas, el director académico del informe, Absalón Machado, insistió en que "en Colombia la tierra sigue siendo una fuente de poder", un indicador que, según él, es síntoma de una sociedad que sufre "un atraso social y económico" y que no dispone "de otra actividad en la región que genere riqueza".

El control por la tierra se convierte, así, en control político y "clientelista de la población", donde los "grandes propietarios de las regiones son los grandes electores", en un país que no ha apostado por "una estrategia de industrialización" y "un Estado que nunca ha metido el hombro a la inequidad", determinó Machado.

Y es que, según el Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011, el 52 % de la gran propiedad está en manos del 1,15 % de la población, mientras el resto sólo dispone de pequeñas y medianas posesiones, una realidad que hace de Colombia uno de los países con los niveles de desigualdad más altos de Latinoamérica.