El Gobierno chileno cesó hoy a un tercer funcionario del Ministerio del Interior por su presunta implicación en el pago de sobreprecios en la adquisición de material para la lucha contra el narcotráfico.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, compareció ante la prensa para anunciar que había pedido la renuncia a Carlos Álvarez, funcionario de la Unidad del Crimen Organizado de la cartera de Interior.

La polémica estalló el pasado 2 de octubre, cuando el Centro de Información e Investigación Periodística (Ciper) denunció en un reportaje que el Gobierno había adquirido 52 densímetros y la misma cantidad de fibroscopios para detectar drogas por un valor de 1.834 millones de pesos (unos 3,8 millones de dólares).

Según Ciper, el Ministerio del Interior pagó por esos equipos un sobreprecio del 400 % a la empresa Tecnodata, la única que cumplía los requisitos del proceso de licitación que abrió el Ejecutivo.

Pocos días después de que se desvelara el escándalo dejó su cargo Alejandro Peña, un polémico exfiscal que desde hacía 17 meses estaba a cargo de la División de Estudios del Ministerio del Interior.

El lunes pasado también renunció Felipe Baeza, jefe de proyectos de la División de Estudios del Ministerio del Interior, y que estaba a cargo del proceso de licitación de los equipos antidrogas.

El nombre de Carlos Álvarez, cesado hoy, apareció en escena este miércoles, cuando se supo a través de la prensa que la fiscalía que investiga el caso halló correos electrónicos del funcionario en el ordenador que la policía había incautado a Alfredo Giacoman, dueño de Tecnodata.

Lo llamativo del caso es que los mensajes de Álvarez, que hasta el 2010 trabajó en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), supuestamente hacen referencia al proceso de licitación, a pesar de que el funcionario no formaba parte del equipo de trabajo que llevaba el asunto.

El fiscal a cargo de la investigación ordenó este miércoles que se incautara el ordenador de Álvarez en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, le reprochó hoy que no le hubiera informado a cerca del intercambio de correos electrónicos con el dueño de Tecnodata.

"Me parece que la información que conocí ayer por la prensa la debería haber recibido directamente de él inmediatamente después de acontecidos los hechos del viernes pasado", cuando renunció el exfiscal Peña, dijo Ubilla.

A raíz de esta polémica la fiscalía investiga otros cuatro procesos de licitación similares que se realizaron desde 2010 en el marco del Plan Frontera Norte, un programa para combatir el narcotráfico en el norte del país.

Ciper, en tanto, sostiene que las compras con sobreprecios de equipos para la lucha antidrogas han sido una práctica generalizada desde 2006.