Las denuncias de tortura aumentaron en forma aguda durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, especialmente entre 2010 y 2011, pero no se ha dictado una sola sentencia condenatoria por ese delito en el fuero federal, sostuvo Amnistía Internacional (AI) en un informe que difundió el jueves.

El reporte "Culpables conocidos, víctimas ignoradas" sostiene que las denuncias de torturas y malos tratos recogidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ascendieron a 1.669 en 2011, lo que representa un ascenso sostenido respecto a las 1.161 de 2010, 1.055 de 2009 y 564 de 2008. Agrega que durante los últimos tres años se formularon denuncias en el Distrito Federal y los 31 estados de la república.

Pero el documento explica que las cifras de la CNDH solo incluyen casos en los que aparecen involucrados algunos de los 30.000 policías federales, excluyendo presuntos abusos perpetrados por los 370.000 efectivos de policías estatales y municipales y los 50.000 elementos del ejército y la marina desplegados desde 2006 para apoyar a la policía en el combate al crimen organizado.

"Al menos 60.000 personas han sido víctimas de homicidio y más de 160.000 se han visto desplazadas internamente, debido sobre todo a la violencia provocada por disputas territoriales entre cárteles, pero también a operaciones de las fuerzas de seguridad", señala el informe que AI presentará ante el Comité de la ONU contra la Tortura en noviembre, cuando México deberá rendir cuentas sobre sus esfuerzos para erradicar esa violación a los derechos humanos. "Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que en alguno de los casos que ha documentado se haya dictado sentencia condenatoria por un delito de tortura".

El reporte acusa a las autoridades mexicanas de contar con un sistema de denuncia e investigación "endeble" que casi nunca arroja sanciones para los responsables, por lo que termina desanimando a las víctimas a formular denuncias. Y cuando se presenta una denuncia, "no se lleva a cabo una recogida sistemática de datos".

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mexicano entre 2006 y 2010 hubo un juicio y ninguna sentencia por tortura en el fuero federal, mientras que el ámbito estatal vio 37 juicios y 18 sentencias.

AI también denunció que ni un solo policía ha sido condenado por torturar a inmigrantes, pese a que la CNDH reportó el secuestro de 11.000 centroamericanos en 2010.

Frank Januzzi, director de Amnistía Internacional en Washington, dijo a AP que si bien las reformas que necesitan adoptar las autoridades mexicanas son profundas y difíciles, es importante dar un paso a la vez.

"Los mexicanos buscan mejor rendición de cuentas, así que el primer paso de la sociedad civil debe ser crear presión para que las autoridades actúen", dijo. "Y celebrar cuando se produzca una sentencia condenatoria en un caso importante enviaría un mensaje poderoso sobre cuál debería ser la orientación del nuevo gobierno".

En una carta que envió a AI en junio cuando aún era candidato, el ahora presidente electo mexicano Enrique Peña Nieto se comprometió a "adoptar políticas públicas que garanticen una atención integral a las víctimas y a los ofendidos de cualquier delito".

Januzzi calificó como un "excelente punto de partida" la promesa de Peña Nieto, pero advirtió que las palabras deben ir acompañadas de hechos y que si honra su palabra, el próximo jefe de estado debería comenzar a investigar los abusos cometidos durante los últimos dos o tres años para luego dedicarse a casos más antiguos.

La situación de los derechos humanos en México puede ser abordada con un "enfoque nuevo" debido a la llegada al poder de un presidente que se ha comprometido públicamente a esforzarse para mejorar el respeto a los derechos humanos y la sentencia reciente de la Suprema Corte para que violaciones perpetradas por efectivos militares sean ventiladas ante la justicia penal ordinaria, agregó Januzzi.

La sentencia emitida por la Suprema Corte en agosto "aún no ha provocado sentencias condenatorias, pero queremos subrayar que hay la oportunidad para cambiar la situación de derechos humanos. Un nuevo presidente con compromiso explícito y una nueva legislación que puede remover obstáculos sistémicos a la rendición de cuentas, y un tercer factor: la emergencia de la clase media y su búsqueda por que las autoridades rindan cuentas".

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Luis Alonso Lugo está en Twitter como www.twitter.com./luisalonsolugo