La sobrepoblación carcelaria en Costa Rica pasó de 6 % en 2009 a 32 % este año debido a las condenas emitidas desde los nuevos Tribunales de Flagrancia a través de procesos mucho más rápidos que lo tradicionales, según datos oficiales dados a conocer hoy.

El ministro costarricense de Justicia, Fernando Ferraro, explicó en una entrevista con el diario local La Nación, que en solo tres años el exceso de reos en las prisiones se multiplicó por cinco.

El sistema penitenciario costarricense tiene capacidad para albergar a 9.813 privados de libertad, pero hasta el mes pasado había 12.987 reos viviendo en las cárceles del país.

Ferraro detalló que con la instalación de estos tribunales para juzgar a los delincuentes que son atrapados flagrantes, es decir, en el mismo momento en que cometen el delito, se dispararon las condenas pese a no contar con capacidad instalada para recibir a estas personas.

"El ritmo de crecimiento no se ha estabilizado. El trabajo policial y de Administración de Justicia ha mejorado muchísimo su efectividad", añadió.

En 2008, la tasa de encierro en Costa Rica era de 191 reos por cada 100.000 habitantes, cifra que llegó a 293 este año y que es muy superior al promedio de 204 que tiene Latinoamérica, de acuerdo con cifras oficiales.

Según estándares internacionales, el máximo de probrepoblación permitida para garantizar los derechos humanos de los presos es de 20 %, es decir, dos personas sin cama por cada diez.

Sin embargo, tres prisiones costarricenses tienen un hacinamiento muy superior: la cárcel de San Sebastián, en San José, con un 79,5 % de sobrepoblación;. La Reforma, que es la principal del país, con 65 % y la de Cartago, con 54,7 %, según datos del ministerio de Justicia.

Según Ferraro, 14 centros penales tienen un cierre técnico por falta de espacio, pero es imposible dejar de recibir reclusos.

Los registros de Adaptación Social muestran que cada día ingresa a las cárceles costarricenses 22 reos, algunos condenados y otros como medida provisional mientras esperan a ser juzgados.

Por su parte, la Defensoría de los Habitantes, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y la Defensa Pública del Poder Judicial calificaron hoy "de alerta nacional" la situación penitenciaria del país, en un pronunciamiento.

De acuerdo con la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, el hacinamiento actual "violenta los derechos humanos de los privados de libertad, deteriora las condiciones laborales del personal penitenciario y hace que los servicios públicos a lo interno de los establecimientos sean insuficientes".

"Actualmente muchas personas deben dormir en el suelo, debajo de camarotes, dentro de los baños, a la par de servicios sanitarios o en los pasillos, ya que no existe espacio dentro de los dormitorios", denunció Taitelbaum.

"Las posibilidades de acceder a servicios como salud, educación y trabajo son limitadas ante la demanda y la insuficiente oferta por parte de las autoridades penitenciarias. Los tiempos de recreación para la población se ven afectados. Por otra parte, la sobrepoblación facilita los brotes de enfermedades infecciosas y de contagio", agregó.

Para solucionar esta situación el Gobierno pretende ampliar la infraestructura carcelaria en 2.700 espacios utilizando un préstamo de 72 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir del próximo año.