La Corte Suprema de Chile cerró hoy de forma definitiva el llamado "caso bombas", que investigó más de un centenar de atentados explosivos en Santiago desde 2006, al rechazar un recurso presentado por el Ministerio del Interior y la Fiscalía para anular la absolución de seis imputados en el caso.

Según informaron este miércoles fuentes judiciales, los argumentos del Ministerio del Interior y la Fiscalía fueron insuficientes para convencer al tribunal de revertir la puesta en libertad de los últimos seis imputados en el caso que dictó en junio pasado el Tercer Tribunal oral de Santiago.

"Los antecedentes aportados por el Ministerio Público en la prueba que se rindió al efecto y los argumentos que se han dado no han sido suficientes para convencer al tribunal para acoger esa causal de nulidad", indicó el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Milton Juica.

El fiscal jefe metropolitano sur, Raúl Guzmán, que representa a una de las partes que apeló la absolución de los imputados, dijo a los periodistas que la Fiscalía acepta y acata el fallo de la Corte.

Con el fallo del alto tribunal chileno se pone fin a un polémico caso que enfrentó al Gobierno y la Fiscalía con los tribunales de justicia.

El "caso Bombas" ha estado desde 2009 a cargo de tres fiscales y ha llegado a sumar hasta una quincena de imputados.

El juicio comenzó con el recrudecimiento de estallidos de bombas de fabricación artesanal en diversos puntos de Santiago, hasta que en mayo el joven Mauricio Morales murió al explotar una bomba que portaba cerca de la Escuela de Gendarmería (Servicio de Prisiones).

Después de la muerte de Morales, el Gobierno intensificó la investigación y la policía logró la detención de varios supuestos autores en allanamientos de casas "Okupa" en diversos puntos de Santiago.

Tras la llegada al Gobierno de Sebastián Piñera, en 2010, fue designado al frente del caso el fiscal Alejandro Peña, que un año después renunció y pasó a ocupar un puesto en el Ministerio del Interior.

Peña renunció a su cargo esta semana, después de que la división que lideraba se viera involucrada en presuntas irregularidades en un proceso de licitación para adquirir equipos antidrogas en el norte del país.

Algunos abogados defensores de los acusados plantearon desde hace tiempo que el caso era un montaje y no descartaron tomar medidas legales contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el exfiscal Peña.