El Supremo de Pakistán aprobó hoy el texto propuesto por el Gobierno para una carta a las autoridades suizas sobre un caso de corrupción contra el presidente Asif Alí Zardari, con lo que casi se cierra un choque institucional de meses.

El Tribunal revisó el enésimo borrador presentado esta mañana por el ministro de Justicia, Faruq Naek, y finalmente dio su visto bueno a un texto lleno de matices jurídicos en los que se plasma la lucha que mantienen desde hace casi un año el Ejecutivo y la judicatura.

Según medios locales, el texto aprobado insiste en la inmunidad presidencial pero pide -de forma ambigua- a las autoridades de Berna que prosigan con las diligencias contra el Zardari y desoigan una anterior petición de 2008 de que se archive el caso.

Según anunció el titular de Justicia a la salida de la audiencia, el Supremo ha dado un mes al Ejecutivo para enviar la carta aprobada hoy y anunció que el próximo 15 de noviembre se realizará una nueva audiencia del caso.

"El presidente Zardari tiene inmunidad tanto dentro como fuera del país mientras sea jefe de Estado", recalcó ante las cámaras Naek, que se mostró satisfecho por una decisión judicial que desbloquea meses de tensión institucional.

Según el diario local Dawn, el juez que preside este caso, Asif Said Khosa, afirmó en la sala que el texto presentado hoy "ha sido el primer intento sincero" del Gobierno para escribir la carta siguiendo las indicaciones dadas por el Supremo hace varios meses.

El de hoy puede ser uno de los últimos capítulos en el choque frontal entre el poder judicial y el Ejecutivo a cuenta de un caso que incluso costó el cargo a un primer ministro, Yusuf Razá Guilani, inhabilitado el pasado junio tras un condena por desacato.

Tras varias peticiones al Ejecutivo, el TS exigió el pasado marzo a Guilani que escribiera la misiva, pero este se negó reiteradamente y abrió la crisis institucional que hoy empieza a solucionarse.

El Gobierno -ahora encabezado por Rajá Pervez Ashraf tras la destitución de su antecesor- dio su brazo a torcer el mes pasado y el primer ministro ordenó al ministro de Justicia que escribiese la carta, cuyo texto ha sido objeto de discrepancia.