Los reguladores financieros de Estados Unidos aprobaron nuevas normas para realizar pruebas anuales de resistencia a los grandes bancos, al tiempo que retrasaron la aplicación para los de tamaño medio.

La Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC, por su sigla en inglés) anunció este martes que las entidades bancarias con activos superiores a 50.000 millones de dólares deberán someterse a pruebas de solvencia a partir de este mismo año.

El anuncio retrasa la implementación de estos requisitos a bancos con activos de entre 10.000 y 50.000 millones de dólares hasta octubre de 2013 y les permite no hacer públicos los resultados del examen de la calidad de sus activos durante un año.

Un centenar de entidades bancarias tendrán que someterse a las nuevas normas que forman parte de las regulaciones más estrictas exigidas por la ley Dodd-Frank para la reforma de Wall Street tras la crisis de 2008.

Las pruebas se coordinarán con la Reserva Federal de EEUU, la Oficina del Interventor de Divisas (OCC) y la FDIC, que enviará en noviembre a los bancos los escenarios hipotéticos en los que deberán demostrar su resistencia ante escenarios de máximo riesgo.

Los primeros resultados de los test de estrés utilizarán datos de hasta finales de septiembre de 2012 y se darán a conocer en enero del año próximo, aunque algunas entidades podrían dilatar la presentación de calificaciones.

La Reserva Federal presentó en marzo los resultados de pruebas de solvencia entre los grandes bancos estadounidenses, un examen que no pasaron en todos los escenarios de estrés propuestos Ally Financial, Citigroup, Metlife o SunTrust, entre otros.

Se espera que unos 25 grandes bancos se sometan a estas nuevas pruebas de estrés, que incluyen supuestos como una vuelta a la recesión, aunque las variables cambiarán anualmente en cada test.

En las pruebas de la Reserva Federal conocidas en marzo el escenario era especialmente duro: un desempleo del 13 %, un 50 % de pérdida en el precio de los activos bursátiles del banco y una caída del mercado inmobiliario del 21 %.