Libia pidió hoy a la Corte Penal Internacional (CPI) más tiempo para poder juzgar en su propio territorio a Saif el Islam Gadafi, a quien el alto tribunal acusa de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país magrebí durante las revueltas insurgentes en febrero de 2011.

Libia argumentó que necesita ese "tiempo adicional" para poder crear su propio sistema judicial y asegurar un juicio justo al hijo del asesinado dictador Muamar el Gadafi, que fue detenido por los insurgentes en noviembre de 2011.

"Queremos crear un sistema judicial justo y transparente, llevando ante la corte a los cabezas visibles del régimen de Muamar El Gadafi (...) pero investigaciones judiciales propias llevarán tiempo, tiempo adicional que pedimos a la Corte (...)", indicó ante los jueces de la CPI el letrado de la delegación libia, Ahmed El Jihani.

Consideró que la CPI no puede negarse a conceder esa prórroga porque entonces "se negaría a contribuir a la reconciliación post-conflicto en Libia", a la que impediría desarrollar "su propia jurisdicción".

Sin embargo no especificó el tiempo que Libia necesitaría para finalizar sus propias investigaciones fiscales, para lo cual primero tiene que nombrar un fiscal general que ampare formalmente las acusaciones contra el hijo de Gadafi.

El Jihani argumentó también que la transición democrática en ese país del Magreb "no es fácil" y que Libia todavía atraviesa "serios problemas de seguridad que dañan a los ciudadanos a pesar de los esfuerzos del Gobierno provisional por solucionarlos".

"Los libios gozan de libertad por primera vez en 42 años, pero todavía hay problemas y miedos derivados de las graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas violaciones y asesinatos" ocurridos durante el caído régimen de Gadafi, asesinado en octubre de 2011.

El equipo de consejeros de la defensa de El Islam (un departamento de la misma CPI para asegurar un juicio justo a sus acusados) indicó que el proceso de reconstrucción en Libia es "lento", por lo que sugirió a los jueces que acepten la jurisdicción del alto tribunal.

Los letrados defensores criticaron que las autoridades libias no hayan trasladado todavía al acusado del centro de detención en Zintán (noroeste de Libia y centro de los rebeldes más radicales) a Trípoli, donde supuestamente se pretende celebrar el juicio.

Además denunciaron varias supuestas violaciones de los derechos básicos de El Islam durante su detención y advirtieron que de ser considerado culpable, Libia podría condenarle a la pena de muerte.

Finalmente, la fiscalía de la CPI reconoció el derecho de Libia a juzgar a Gadafi en su propio territorio.

La jueces de la Corte debe decidir dónde se debe de juzgar finalmente al hijo de Gadafi, si en Trípoli o en La Haya.

La Haya reclama a El Islam porque por el momento es su fiscalía la única que ha emitido una acusación oficial y una orden de arresto en su contra.

En mayo pasado, Libia cuestionó las competencias de la CPI para juzgar al acusado e instó a los jueces a que rechacen la admisibilidad del caso, una cuestión sobre la que los magistrados todavía no han decidido.

Con las vistas de hoy y mañana, los jueces quieren que Libia aporte "informaciones relevantes" sobre sus propias investigaciones para decidir sobre "los próximos pasos a dar", explicó la jueza presidente de la sala, la brasileña Silvia Fernández.

Además de pedir más tiempo, Libia negó este martes que no se respeten los derechos básicos del procesado mientras se encuentra detenido.

A este respecto, otro de los juristas de la delegación libia, Philippe Sands, aclaró que Trípoli no niega un abogado defensor a El Islam sino que es éste el que no ha aceptado hasta el momento un representante legal.

"Bajo la legislación libia un juicio no puede empezar sin el nombramiento de un abogado defensor, por lo que si El Islam no lo nombra, se le adjudicará uno de oficio", puntualizó Sands.

La representación libia también especificó que el país incorporará los crímenes de guerra y lesa humanidad a su legislación, por lo que El Islam podrá ser juzgado en Trípoli por los mismos crímenes de los que le acusa la CPI.