En 2002, una pandilla de la ciudad de Nueva York irrumpió en una fiesta de bautizo, gritaron consignas de superioridad, se enfrentaron a un rival y comenzaron una pelea donde murió una niña de 10 años y otra persona quedó paralítica.

El martes, el máximo tribunal de Nueva York evaluará si uno de los pandilleros es un terrorista local.

Edgar Morales, integrante de la pandilla mexicana-estadounidense "St. James Boys", quiso intimidar a una población entera y merece más tiempo en prisión que otros sentenciados por los mismos crímenes, dijeron fiscales del Bronx. En 2007 fue sentenciado por asesinato de conformidad con la ley estatal contra el terrorismo, el primer caso de su tipo en Nueva York.

"Los crímenes violentos cometidos por una banda callejera representan un crimen terrorista (...) cuando están motivados solamente por el intento de establecer la 'reputación callejera' de la pandilla como el grupo mexicano más rudo del Bronx", porque esos crímenes buscan intimidar o coaccionar a la población civil, dijeron los fiscales en documentos entregados a la corte.

Los fiscales aplicaron una ley que los legisladores de Nueva York aprobaron seis días después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Morales, hoy de 30 años, fue acusado de disparar cinco veces en la riña de 2002 donde resultó muerta Melany Méndez. El acusado dijo a la policía que estuvo ahí y que sostuvo brevemente un arma, pero negó estar involucrado en la pelea o la balacera.

Fue acusado de homicidio, intento de homicidio, posesión de armas y asociación delictuosa, todos cargos incluidos en la ley antiterrorista. Fue sentenciado a entre 40 años y cadena perpetua. Pero en una apelación ante una instancia intermedia, se dictaminó que él no es terrorista según dicha ley y merece una nueva sentencia que podría ser reducida a un máximo de 25 años.

La División de Apelaciones agregó que "no hubo evidencia suficiente que apoyara que el acusado cometió sus crímenes con la idea de intimidar o coaccionar a la 'población civil' en general".

Catherine Amirfar, abogada de la defensa, dijo que Morales no tuvo un juicio justo y consideró que la definición de la fiscalía podría ampliar la aplicación de la ley terrorista a cualquier delito callejero.

La Corte de Apelaciones escuchará el caso el martes y se espera un fallo para noviembre.