El gobierno colombiano denunció el lunes que entre 70.000 y 100.000 hectáreas de propiedad del estado en el noroeste del país fueron adjudicadas irregularmente, por funcionarios y ex empleados públicos, a personas con prominentes capitales económicos.

"Ex funcionarios públicos, contratistas del estado y terceros se unieron en una especie de concierto para delinquir a fin de hacerse irregularmente con tierras baldías", ubicadas en el departamento de Antioquia, a unos 250 kilómetros al noroeste de Bogotá, denunció ante reporteros el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo.

De acuerdo con el alto funcionario, los terrenos fueron entregados "a gente que tenía protuberantes patrimonios, a gente que no tenía por qué recibir tierras del Estado".

En Colombia, la ley agraria indica que las tierras baldías o que le pertenecen a la nación sólo le pueden ser tituladas a campesinos pobres que no posean tierra alguna.

La directora del Instituto colombiano de desarrollo rural (Incoder), Miriam Villegas, detalló que "en esta mafia de robo de tierras, tenemos más o menos involucrados cuatro funcionarios, unos dos exfuncionarios, tres directores territoriales del Incoder, que son finalmente a los que les toca firmar la resolución" o la titulación de los predios.

Villegas no reveló de momento los nombres de esos funcionarios públicos o de las personas que recibieron ilegalmente las tierras.

La denuncia es resultado de revisar, de la mano con la Fiscalía General, entre 1.500 y 2.000 expedientes sobre adjudicaciones de tierras en los zonas de Turbo, Urabá y Necoclí, según explicó la directora de Incoder.

Las autoridades tomaron en la jornada la decisión de trasladar a Bogotá las investigaciones, adelantas por más de tres meses en la regional de Antioquia.

Restrepo dijo que ya están en marcha varias denuncias penales contra todos los involucrados en estos actos delictivos, y anunció que los lotes entregados de manera ilegal serán objeto de expropiación.

El ministro aseguró que, a la fecha, no se reporta ninguna captura por estos actos.

Investigaciones similares se desarrollan en otras regiones del país en el marco de la denominada ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

La ley, aprobada por el Congreso en mayo y sancionada por el presidente Juan Manuel Santos en junio, busca entregar indemnizaciones, devolver tierras y consagrar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y que los responsables sean castigados.

Se aspira a que cuatro millones de colombianos sean reparados en un plazo de 10 años.

En Colombia, un país de 114 millones de hectáreas, al menos dos millones fueron arrebatadas a los campesinos por grupos armados ilegales, cuatro millones fueron abandonadas por sus propietarios por temor a las acciones de esos grupos y entre 400.000 y 500.000 fueron "robadas" al Estado en procesos fraudulentos en notarías y registros, según el propio gobierno.