El presidente Rafael Correa calificó el sábado de abuso el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que determinó el pago de 1.769 millones de dólares a la petrolera Occidental por la cancelación de su contrato en 2006 y advirtió que lo apelará.

"El laudo no dice que Ecuador aplicó mal la ley, dice que la ley es muy dura... Pese a reconocer que Oxy incumplió la ley, le otorga el 100 por ciento de la indemnización", sostuvo Correa en su programa de radio y televisión "Diálogo con el presidente".

El gobernante rechazó el argumento de que "la sanción es desproporcionada con respecto a la pena" por considerar que la severidad de la norma ecuatoriana no debe ser juzgada y que ello constituye "un completo abuso".

Occidental "sabía cuál era ley ecuatoriana", agregó.

Entre 1999 y 2006 Occidental operó en Ecuador el bloque petrolero 15, de unas 200.000 hectáreas, con una producción aproximada de 100.000 barriles diarios. La inversión estimada por la empresa fue de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares.

En mayo de 2006, el Estado ecuatoriano dispuso la terminación unilateral del contrato y revirtió para sí las áreas operadas así como la infraestructura de la transnacional alegando incumplimientos contractuales, entre otras cosas, por haber cedido un porcentaje de sus acciones a otra empresa sin la autorización del Ministerio de Energía, como constaba en el contrato.

Occidental inició entonces un proceso legal ante el Ciadi que finalmente determinó el pago por considerar que Ecuador no dio "trato justo y equitativo" a la inversión de los demandantes y al revertir la misma "a través de una medida equivalente a la expropiación".

Correa calificó de "grave" el laudo del tribunal que además "nos obliga a indemnizar" a una tercera empresa china a la cual Occidental había vendido acciones y que no estaba amparada por el tratado de protección recíproca de inversiones.

"Ya estamos preparando la apelación, la nulidad del laudo", sostuvo el mandatario, quien celebró que la resolución del tribunal no haya sido adoptada por unanimidad sino que contara con la "opinión disidente" de la jueza francesa Brigitte Stern.

La jueza, según dijo Correa, sostuvo que "debió otorgarse sólo el 60% del valor de la indemnización" porque el 40% correspondía a una compañía no protegida por el tratado de inversiones mutuas.

"Esto es un nuevo abuso contra el país... ahí están las consecuencias de haber entregado la soberanía del país a esos tribunales", añadió el jefe de Estado.