Cientos de guardacostas y policías de frontera seguían manifestándose el jueves de forma pacífica en esta capital en reclamo de una mejora de sus salarios.

Los agentes anunciaron que continuarán con la medida de fuerza que iniciaron el martes hasta que el Ministerio de Seguridad les garantice por escrito un salario mínimo de 7.000 pesos (1.486 dólares) y que no haya sanciones en su contra.

Mientras algunos guardacostas y gendarmes aseguraron que los servicios de patrullaje se están cumpliendo con normalidad en la ciudad y que los que se manifiestan están de franco o son administrativos que se han congregado ante las sedes de ambas fuerzas, otros hicieron un llamamiento a compañeros para que dejen sus puestos.

"Vamos a acampar. Hemos convocado a todos a que se acerquen, que dejen los puestos", sostuvo Raúl Maza, quien se manifiesta frente al edificio principal de Gendarmería. "Nosotros no estamos agudizando la situación, esto lo provocó el Ministerio (de Seguridad)", agregó. Maza negó que el desafío de las dos fuerzas de seguridad pueda interpretarse como un intento de golpe de Estado, como han insinuado algunas voces del oficialismo, y afirmó que si el salario mínimo para los agentes de la fuerza es elevado a la cifra que reclaman "a los cinco minutos" volverán a sus puestos de trabajo.

La protesta se inició hace dos días en distintos puntos del país cuando los guardacostas vieron materializados en sus recibos de sueldo correspondientes a septiembre recortes de entre 30% y 60%. Varios se quejaron de que los haberes que perciben bajaron de 7.000 a 4.000 pesos (1.486 dólares a 870 dólares) a raíz de un decreto cuya aplicación ha sido "desastrosa", según reconoció el propio gobierno.

Después de que el Ejecutivo culpó a los jefes Prefectura Naval (guardacostas) y la Gendarmería (policía fronteriza) de no liquidar adecuadamente los sueldos a su personal, garantizó a los manifestantes que este mes cobrarán sus salarios sin los polémicos descuentos. Posteriormente relevó a la cúpula de ambas fuerzas, nombrando a Luis Heiler como jefe de la Prefectura y a Enrique Zach al frente de la Gendarmería.

El Ministerio de Seguridad informó además el jueves que "se procedió a depositar en las cuentas de los agentes de Gendarmería Nacional los haberes correspondientes a septiembre, los cuales han sido liquidados en función de los niveles salariales vigentes a agosto".

También indicó que procedió a depositar "los complementos surgidos de la diferencia entre lo percibido en agosto y lo actual" en los haberes de la Prefectura.

Pese a estos gestos del Ejecutivo para calmar los ánimos de los manifestantes, éstos insistieron en que quieren tener un piso salarial garantizado y para ello consensuaron un petitorio que esperan que sea firmado por la ministra del área, Nilda Garré. En el mismo exigen que haya garantías para que no se adopten "medidas administrativas, disciplinarias y judiciales contra los uniformados" y que puedan elegir libremente una prestadora de salud sindical.

La alcaldía de Buenos Aires ordenó reforzar la presencia de la policía local en los barrios donde actúan la Prefectura y la Gendarmería y advirtió que no se puede esperar hasta el próximo martes --que es la fecha en la que según trascendidos de los manifestantes las autoridades nacionales se pronunciarían sobre los reclamos-- para resolver el conflicto.

La magnitud de la protesta inquietó a la clase política. Los principales bloques políticos del Congreso exigieron la víspera a los uniformados "adecuar sus acciones a pautas democráticas". Sectores del oficialismo denunciaron que detrás de la protesta hubo sectores de la prensa crítica al gobierno que quisieron "poner en juego a la democracia". La presidenta Cristina Fernández no se pronunció sobre el tema.

Según los agentes de seguridad, el recorte que sufrieron en sus salarios a raíz del decreto y que disparó la protesta obedeció en gran parte a que las autoridades derogaron suplementos adicionales "que se pagaban en negro". Al blanquear esos suplementos adicionales, el efectivo cobrado en mano sufrió descuentos por el pago de los impuestos a las ganancias, la jubilación y lo servicios de las prestadoras de salud sindical.

El diario Página 12 señaló a su vez que el decreto buscaba terminar con el desfase en las cantidades cobradas entre los agentes debido a que muchos superiores de ambas fuerzas han conseguido por la vía judicial retribuciones por decenas de miles de pesos mensuales.

Varios marinos e integrantes de la Fuerza Aérea, que tampoco están de acuerdo con algunas reducciones salariales que sufrieron esas fuerzas, se sumaron a la asamblea de prefectos y gendarmes.