Mientras José Avalos cursaba el segundo año de secundaria, un directivo de la escuela lo presionó para que abandonara sus estudios. Al año siguiente, la escuela le hizo lo mismo a su hermano, después de que ingresó a décimo grado. Un tercer hermano compartió el mismo destino en 2009.

Con tal de expulsarlos, los administradores de la secundaria de Bowie alegaron que los tres hermanos tenían retrasos excesivos, pero ahora los Avalos sospechan que fueron presionados por una razón completamente diferente: el distrito buscaba deshacerse de cientos de estudiantes de segundo año con bajo rendimiento para evitar que tomaran las pruebas estandarizadas de evaluación del estado.

La idea era elevar artificialmente los estándares académicos del distrito escolar de El Paso a fin de ganarse el derecho a recibir más fondos federales y garantizar que el superintendente recibiera bonificaciones considerables.

"Pensé que me estaba volviendo loca. Incluso dudé de mis hijos", dijo la madre de los tres hermanos, Grisel Avalos. Agregó que intentó varias veces mantener a sus hijos en la escuela, pero los funcionarios del distrito "estaban del lado de los maestros y del director".

Tres años después de que el más joven de los hermanos Avalos abandonó sus estudios, el ex superintendente enfrenta una pena de prisión, los funcionarios estatales siguen de cerca a las escuelas y el distrito está localizando a los estudiantes expulsados para ayudarles a completar su educación.

La idea de echar a los alumnos más débiles de segundo año fue originalmente del ex superintendente Lorenzo García, quien se declaró culpable de fraude en un caso que podría hacer que pase hasta tres años y medio tras las rejas. Su sentencia será dada a conocer el viernes.

Después de que fue contratado en 2006, García comenzó pronto a implementar un plan con varios otros directivos, el cual incluía una evaluación preliminar a los estudiantes de décimo grado para identificar quienes tenían más probabilidades de reprobar las pruebas estandarizadas.

García incluso le pidió a un empleado que fotografiara a aquellos estudiantes que cruzaban la frontera desde Ciudad Juárez en México hacia El Paso, para contar con pruebas de que vivían en territorio mexicano y no en el distrito, a fin de que pudieran ser expulsados.

Los documentos judiciales indican que al menos otras seis personas ayudaron a García en su plan. El FBI dice seguir investigando.