La inmigración ilegal es un problema en Estados Unidos desde hace décadas. Con un aproximado de 11,5 millones de inmigrantes en calidad migratoria irregular viviendo, y en muchos casos trabajando, en el país, la pregunta sigue siendo ¿qué hacer con ellos? ¿Y cómo evitar que más gente entre de manera ilegal?

Una relajada aplicación de la ley potencialmente lleva a que más inmigrantes no autorizados compitan con ciudadanos estadounidenses por empleos y algunos servicios sociales, sin necesariamente pagar el impuesto por ingresos. Por otro lado, una política demasiado rigurosa podría significar que los agricultores y otros en industrias que se apoyan en la mano de obra barata de los inmigrantes tengan que rogar por trabajadores, pasando los altos costos a los consumidores o perdiendo el negocio por completo.

El presidente Barack Obama ha impulsado la Ley Dream, un camino a la ciudadanía estadounidense para muchos jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños. Los esfuerzos por aprobar el proyecto de ley han fracasado repetidamente, con mayor notoriedad en 2010, cuando se estancó en un Senado liderado por demócratas después de no lograr obtener los 60 votos que necesitaba para someterse a una votación en el pleno. Cinco demócratas votaron contra la medida.

En junio, Obama anunció un plan para retrasar hasta por dos años las deportaciones de muchos inmigrantes que se habrían beneficiado de la Ley Dream y les permite obtener permisos laborales.

El candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, ha dicho que de asumir el cargo no vetaría la Ley Dream si llegara a su escritorio. Romney dijo al diario The Denver Post que respetaría los permisos laborales para aquellos inmigrantes que se benefician con la nueva política de Obama y prometió poner en marcha un plan migratorio integral antes de que esos permisos se venzan. El ex gobernador de Massachusetts se dijo a favor de completar un elevado muro de acero a lo largo de la frontera con México, además de los 1.046 kilómetros (650 millas) de antemano construidos, y se opone a permitir que estudiantes de universidad públicas en condición migratoria irregular paguen las mismas tarifas preferentes que pagan quienes radican en el estado.

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