Los presidentes de México, Colombia y Guatemala, tres países azotados por el narcotráfico, pidieron el miércoles a las Naciones Unidas y la comunidad internacional que se sinceren, admitan que las políticas de los últimos 50 años contra ese flagelo no han funcionado e inicien la búsqueda de fórmulas alternativas.

"Urjo, exijo a las Naciones Unidas que encabecen una discusión a la altura del siglo XXI", que explore "enfoques nuevos y eficaces", dijo el presidente mexicano Felipe Calderón al encabezar la iniciativa con un enérgico discurso por la mañana.

"Propongo formalmente que las Naciones Unidas se comprometa en el tema, que haga una valoración profunda de los alcances y de los límites del actual enfoque prohibicionista en materia de drogas", manifestó. "Eso no implica que se deba bajar la guardia. No vamos a ceder ni un milímetro a las organizaciones criminales".

"El balance debe examinar con honestidad cuáles pueden ser esas alternativas. Explorar específicamente alternativas regulatorias o de mercado, que nos permitan saber si son verdaderas alternativas", manifestó el mandatario mexicano.

Ninguno de los líderes latinoamericanos usó los términos despenalizar o legalizar las drogas, aunque se entiende que la expresión políticas alternativas incorpora al menos parcialmente esos conceptos. Tampoco ofrecieron propuestas concretas.

Pérez Molina, quien es el principal promotor de las políticas alternativas, habló en el pasado de regularizar la venta legal de drogas, aunque no libre.

El presidente guatemalteco reveló que antes de su discurso habló con Santos y Calderón y "coincidimos en que ellos iban a mencionar (el tema) en sus discursos".

Agregó que los tres países están considerando la posibilidad de emitir una declaración conjunta sobre las políticas antidrogas, que podrían distribuir en cualquier momento.

En su discurso, Pérez Molina pidió pasos concretos a la ONU con miras a un replanteo de las actuales políticas y la formación de un grupo de estudios.

"Hago un llamado a los estados miembros de las Naciones Unidas a que revisemos la normativa internacional que gobierna actualmente nuestra política global con respecto a las drogas", dijo el líder guatemalteco, un ex general del ejército. "La Convención Unica de 1961 y los protocolos adicionales de 1971 y 1988 deben ser evaluados por sus resultados y actualizados de tal manera que nos permitan alcanzar las metas deseadas".

"El esquema actual, emanado de las convenciones internacionales vigentes desde hace cinco décadas, no ha traído los resultados deseados. Los mercados de consumo se expanden en vez de disminuirse; los países productores y el tipo de estupefacientes disponibles se multiplican y las rutas de comercio y tráfico tienden a diversificarse. El problema de las drogas es cada vez más grande y más complejo", acotó.

"La premisa de nuestra lucha contra las drogas ha mostrado serias falencias, ya que lamentablemente no ha sido posible erradicar el consumo de drogas en el mundo", insistió. "Es hora de aceptar esta verdad y de adecuar nuestra lucha contra este flagelo tomando en cuenta nuevas realidades".

Es una discusión "que el mundo ha evadido por muchos años", sostuvo el colombiano Santos.

Pérez Molina dijo que los países latinoamericanos habían encargado estudios sobre nuevas alternativas en la Cumbre de las Américas y exhortó al mundo a que "emule" esa iniciativa, que Santos describió como "tan solo un primer paso, pero de gran importancia".

"En el mismo espíritu, mi gobierno desea establecer un grupo internacional de países amigos de la reforma a la política global de drogas, que reúna a aquellos gobiernos interesados en promover en los foros multilaterales apropiados una evaluación objetiva y rigurosa de nuestra política actual, así como considerar nuevas alternativas creativas e innovadoras", señaló el presidente guatemalteco.

El mexicano Calderón declaró que "si los países desarrollados, que consumen toneladas y toneladas de drogas, no pueden o no quieren reducir su consumo, al menos que detengan el flujo exorbitante de dinero con el que consumidores financian la muerte de miles de jóvenes".

"Y si eso no se puede (lograr), es el momento de explorar alternativas diferentes al propósito de reducir el consumo", expresó Calderón.

Agregó que había llegado el momento de que las Naciones Unidas "no solo participen en este análisis, sino de que encabecen un profundo debate internacional".

El mandatario libró una guerra sin cuartel contra el narcotráfico durante sus seis años de gestión, en la que murieron más de 47.000 personas, la mayoría de ellas como consecuencia de ajustes de cuentas entre los carteles de las drogas. Ya el año pasado Calderón había mencionado al pasar la posibilidad de buscar políticas alternativas a la lucha contra el narcotráfico, idea que ha ido cobrando fuerza en el último año.

Calderón afirmó que el crimen organizado es una de las principales causas de muerte y "una de las mayores amenazas para la democracias en el siglo XXI".

Exhortó luego a que los países consumidores "evalúen con toda sinceridad, honestidad, si cuentan con la voluntad para reducir el consumo de drogas de manera sustantiva".

"Si no se puede reducir ese consumo", añadió, "es urgente que tomen acciones contundentes, ya, para reducir los extraordinarios flujos de dinero que terminan en manos de las organizaciones criminales".

Calderón consideró que hasta ahora se ha usado un "enfoque bien intencionado" que consiste en "alejar la droga de los jóvenes mediante el combate al tráfico".

"Pero eso genera un mercado negro y enormes ganancias que han exacerbado la ambición de los criminales, aumentado más todavía el masivo flujo de recursos hacia sus organizaciones. Redes poderosas, con capacidad de corrupción prácticamente ilimitada, capaces de comprar gobiernos y cuerpos policiales enteros", dijo Calderón. Agregó que las naciones pobres simplemente "no tienen poder económico para hacerle frente a los criminales".

Las organizaciones criminales, indicó, "articulan redes en torno a grandes flujos ilegales, no solo de drogas, sino también de armas, dinero y la inadmisible trata de personas. Para controlar mercados, oferta y clientes y para cobrar la renta a ciudadanos honestos en lugares que dominan utilizan la violencia. Bajo esa lógica buscan controlar territorios y gobiernos, le disputan la fuerza del estado al estado mismo. Se enquistan en las comunidades y controlan todo lo que pueden controlar".

El problema de las drogas exige algo más que represión, según Pérez Molina, un ex militar que afronta este tema con una actitud mucho más moderada que lo que se esperaba.

"Es importante que enfrentemos el problema como lo que es: un problema principalmente de salud pública, más que un problema de justicia penal. Ofrezcamos tratamiento, prevención, protección social, oportunidades económicas y desarrollo para las familias y comunidades involucradas en los mercados de drogas. No llenemos nuestras cárceles y desgastemos nuestros sistemas de justicia en procesar miles de casos de jóvenes que podrían tener un proyecto de vida distinto si enfrentamos el problema de manera diferente".

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