La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) advirtió hoy a Perú que de confirmarse una rebaja a la pena de cárcel del expresidente Alberto Fujimori y otras personas por una masacre en 1991, el Estado estaría violando la sentencia emitida por el tribunal en 2001.

La CorteIDH emitió hoy una resolución tras la audiencia del pasado 27 de agosto sobre el cumplimiento de la sentencia del caso conocido como masacre de Barrios Altos, en la que murieron 15 personas a manos de un grupo paramilitar adscrito al Ejército peruano.

Por este y otros casos, Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión, pero el pasado 20 de julio la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia resolvió los recursos de nulidad presentados por los condenados y estableció que los de Barrios Altos no eran delitos de lesa humanidad y rebajó a 20 años su condena.

En la audiencia de agosto pasado ante la CorteIDH el Estado peruano informó que el Ministerio de Justicia presentó una "demanda de amparo" que busca anular la rebaja de la pena a Fujimori y otras personas.

"Si dicha decisión no es subsanada como consecuencia de la acción de amparo, presentaría serios obstáculos para la consecución de la medida de reparación ordenada que atañe al deber de investigar los hechos del presente caso", señaló la CorteIDH en su resolución.

Agregó que "si se emiten decisiones internas que controvierten o desvirtúan" el reconocimiento de responsabilidad estatal y la sentencia de la CorteIDH por este caso "se mantiene la violación del derecho de las víctimas o sus familiares a obtener el esclarecimiento de los hechos".

"La Corte estima que, de no subsanarse las causas que podrían generar impunidad, a través de los mecanismos internos disponibles y conducentes, se estaría incumpliendo con lo ordenado por este Tribunal", afirmó la CorteIDH.

La CorteIDH indicó que, aunque se han dado avances en el cumplimiento de lo ordenado, los acontecimientos recientes indican que Perú aun no cumple con la sentencia en los puntos que ordenan investigar y castigar a los responsables de la masacre e indemnizar a familiares de las víctimas.

Los jueces ordenaron a Perú presentar, a más tardar el 20 de enero de 2013, un informe que indique "todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas que se encuentran pendientes de cumplimiento".