El magistrado revisor del llamado "juicio del siglo" en Brasil condenó hoy al exdiputado Valdemar Costa Neto por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación ilícita dentro de una trama de corruptelas que operó durante el primer mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.

Costa Neto fue presidente del Partido Liberal (PL), extinto en la época de las denuncias y transformado en el Partido de la República (PR), que continuó en la coalición que apoyó a Lula y ahora forma parte de la que respalda a su sucesora, Dilma Rousseff.

El magistrado revisor, Ricardo Lewandowski, del Tribunal Supremo Federal, estuvo de acuerdo con la tesis de la acusación de que Costa Neto y el Partido Liberal recibieron 10,8 millones de reales (unos 5,4 millones de dólares de hoy) de las empresas del publicista Marcos Valerio Fernandes, uno de los 37 acusados de formar parte de una red de corrupción denunciada en 2005.

Lewandowski halló culpable de los mismos cargos a Jacinto Lamas, quien fue tesorero del PL.

El magistrado también consideró culpable al exdiputado de esa fuerza Carlos Alberto Rodrigues, conocido como "Bispo Rodrigues", del delito de corrupción pasiva, pero lo absolvió de la acusación de lavado de dinero.

Lewandowski absolvió de los cargos que se le imputaban a otro miembro de ese partido, Antonio Lamas.

Previamente el juez condenó a tres de los cinco acusados del Partido Progresista (PP), otra de las fuerzas de la alianza oficialista implicada en el proceso.

El juez encontró culpables de distintos cargos al exdiputado Pedro Correa, al asesor parlamentario Joao Claudio Genú y al empresario Enivaldo Quadrado, pero absolvió al actual diputado Pedro Henry y al empresario Breno Fischberg.

El magistrado debe continuar la lectura de su voto con el resto de los acusados en esta fase del proceso, pertenecientes a otros dos partidos de la coalición de gobierno.

El pasado jueves emitió su voto el magistrado instructor del caso, Joaquim Barbosa, quien condenó a diez imputados.

Barbosa concluyó, en esta fase del juicio, que la red que operó entre 2003 y 2005 no sólo financió campañas en forma ilegal, sino que además sobornó diputados para construir la mayoría parlamentaria que las urnas le negaron a Lula en las elecciones de 2002.

La defensa sostiene que los pagos a diputados de los cuatro partidos políticos eran para cubrir deudas de campaña.

En el caso de que los jueces del Supremo apoyaran las tesis de la defensa, el caso quedaría reducido a violaciones de leyes electorales ajenas a la órbita penal.