El instructor del llamado "juicio del siglo" halló hoy culpables de corrupción a diez dirigentes de cuatro partidos políticos implicados en los escándalos denunciados en 2005 en Brasil, durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

Los pedidos de condena formulados hoy por el magistrado Joaquim Barbosa, uno de los nueve miembros del Tribunal Supremo, afectan a tres dirigentes del Partido Progresista (PP), otros tres del Partido Laborista Brasileño (PDT) y uno del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Asimismo, a otros tres del desaparecido Partido Liberal (PL), uno de los más implicados en la trama, extinto en 2006 a consecuencia de los escándalos y convertido desde entonces en Partido de la República (PR).

Uno de los reos a quien Barbosa pidió condenar por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero es Roberto Jefferson, en la época diputado y actual presidente del PTB.

Jefferson fue quien, en junio de 2005, denunció que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) había montado una red de corrupción dirigida a la obtención de dinero público para financiar campañas políticas en forma ilegal y sobornar a decenas de diputados.

Los cuatro partidos a los que pertenecen los dirigentes hallados culpables por Barbosa integraban en la época la coalición que dio apoyo al entonces presidente Lula y actualmente están en la que respalda a su sucesora y pupila política, Dilma Rousseff.

Barbosa también se pronunció por condenar a los propietarios de la empresa financiera Bonus Banval, Enivaldo Quadrado y Breno Fischberg, de quienes consideró que colaboraron en las operaciones necesarias para blanquear el dinero que alimentaba la red de corruptelas.

Tras el voto emitido hoy por Barbosa, tomará la palabra el juez revisor, Ricardo Lewandowski, quien emitirá su parecer durante la siguiente audiencia, que se celebrará el próximo lunes.

En esta fase del proceso, que tiene un total de 37 acusados, el juez instructor ha concluido que, en su opinión, la red que operó entre 2003 y 2005 no sólo financió campañas en forma ilegal, sino que además sobornó diputados para construir la mayoría parlamentaria que las urnas le negaron a Lula en las elecciones de 2002.

La tesis de Barbosa será debatida durante las próximas sesiones por los otros nueve magistrados, que por mayoría deberán decidir si la respaldan o si aceptan los argumentos de la defensa, que sostiene que los pagos a diputados de los cuatro partidos políticos eran para cubrir deudas de campaña.

Si la mayoría de los magistrados se inclinara por los alegatos de la defensa, todo el asunto quedaría reducido a violaciones de leyes electorales ajenas a la órbita penal y además ya prescritas.

De los 37 acusados, diez ya han sido declarados culpables por la mayoría del Supremo por diversos delitos de corrupción, entre ellos el entonces presidente de la Cámara baja y actual diputado Joao Paulo Cunha, del PT.

La decisión del Supremo obligó incluso a Cunha a renunciar a su candidatura a la alcaldía de la ciudad paulista de Osasco para las elecciones de octubre próximo, lo que supuso el primer impacto político directo del llamado "juicio del siglo".