El Gobierno argentino denunció ante la Justicia a diez jefes de la Policía Federal por presunta extorsión a comerciantes a cambio de protección, informaron hoy medios locales.

Los dueños de negocios supuestamente pagaban entre 1.500 y 7.000 pesos (entre 320 y 1.500 dólares) por mes para garantizar la seguridad de sus comercios, según revelaron fuentes de la causa judicial al rotativo La Nación.

Los jefes policiales denunciados, entre los que se encuentran un comisario inspector, cuatro comisarios y cinco subcomisarios, son sospechosos también de dar protección a cambio de dinero a vendedores de mercaderías falsificadas, prostíbulos y narcotraficantes.

Según fuentes con acceso al expediente citadas por La Nación, un agente denunció que sus superiores le impidieron dar parte del ingreso de mercadería falsificada bajo el argumento de que tenían "un arreglo con la gente de la comisaría séptima", a la que pertenecen varios de los acusados.

Además de la denuncia del agente, el Ministerio de Seguridad indagó los datos patrimoniales de los sospechosos, entre los que figura, por ejemplo, la adquisición de una vivienda de 1.100 metros cuadrados en la localidad bonarense de Bariló, a pocos metros de un campo de golf, por sólo 219.000 pesos (unos 46.700 dólares).

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, sugirió hace unos días que los vecinos controlen la actividad policial porque "hay focos de corrupción en las policías, y las fuerzas federales en general".