Una jueza dictaminó el martes que la policía de Arizona puede comenzar a aplicar la fracción más polémica de la ley migratoria del estado, con lo cual los agentes estarán facultados por primera vez para preguntar cuál es la condición migratoria de las personas detenidas por diversos delitos si sospechan que éstas se encuentran en el país de manera ilegal.

La decisión de la jueza federal Susan Bolton constituye el hito más reciente en una disputa judicial que comenzó hace dos años en torno a esta disposición. La controversia se dirimió con la decisión que emitió en junio la Corte Suprema federal y que ratificó la medida con el argumento de que la misma no entraba en conflicto con la ley federal.

Ahora que está autorizada la puesta en marcha de la medida, las partes en disputa están ansiosas de conocer los resultados.

Los partidarios desean que la policía local aplique enérgicamente la disposición, aunque han expresado preocupación de que las autoridades federales de inmigración no actúen cuando se les solicite que vengan y arresten a algunas personas.

"Estoy evaluando qué haré si las autoridades federales no responden (a los avisos)", dijo el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, quien de todos los jefes policiales del estado es el más activo contra la inmigración ilegal. "No me gusta que se permita el regreso a las calles de las personas que carecen de autorización para estar en el país", agregó.

Las autoridades federales dijeron que verificarán la condición migratoria de las personas a indicación de los agentes. Pero indicaron que sólo enviarán un agente a arrestar a alguien si la acción es compatible con sus prioridades, como la captura de un infractor reincidente o de alguien que represente una amenaza para la seguridad pública o para la seguridad nacional.

Mientras tanto, los defensores de los derechos civiles se preparan para dar la batalla:

—Han intensificado sus acciones para instalar una línea telefónica que atienda preguntas sobre los derechos de las personas en caso de que agentes les pregunten sobre su condición migratoria.

— Si una agencia policial pretende realizar un operativo especial de inmigración, serán desplegados voluntarios provistos con cámaras de video para que tomen imágenes, dijo Lydia Guzmán, dirigente del grupo Respect-Respeto, que defiende los derechos civiles.

— Los detractores de la ley aumentan en todo el estado y solicitan a los departamentos de policía que no apliquen la disposición. Si no la aplican, podrían ser objeto de demandas de personas que los acusen de no cumplir totalmente con la ley.

El incentivo de no poner en marcha la ley, dijo Carlos García, organizador del Movimiento Puente, sería una mayor cooperación de los inmigrantes, quienes tendrían mayor disposición a denunciar delitos.

La ley de Arizona fue aprobada en 2010 en medio de la frustración de los electores por el papel que cumple el estado como el punto con la mayor cantidad de ingresos ilegales en el país. Cinco estados —Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah— han aprobado versiones algo distintas a la ley de Arizona.

La mencionada fracción de la ley obliga a los agentes a preguntar a las personas detenidas por cualquier otro motivo cuál es su condición migratoria si los agentes sospechan que carecen de autorización para estar en el país. Los detractores se refieren a esta medida como la disposición "muéstreme sus papeles".

La disposición provee una herramienta a la policía local, aunque no corrige los problemas sobre la inmigración en el estado, señaló la gobernadora republicana Jan Brewer, quien promulgó la medida.

"Sólo el gobierno federal tiene los recursos y la responsabilidad necesarios para ese objetivo", expresó Brewer.

El tránsito de la ley hasta este momento ha enfrentado muchos obstáculos. La jueza Bolton inicialmente impidió la aplicación de la ley tras de que la impugnara el gobierno del presidente Barack Obama con el argumento de que la ley federal debía prevalecer sobre la ley estatal.

El caso finalmente llegó a la Corte Suprema federal, donde los magistrados impidieron a la policía aplicar otras partes de la ley, incluida la cláusula que los inmigrantes obtengan o porten un documento registrado en inmigración. Sin embargo, los magistrados autorizaron la puesta en marcha del punto de la pregunta sobre la condición migratoria, que para los partidarios era el más importante.

Bolton rechazó a principios de mes la impugnación judicial más reciente de una coalición de grupos defensores de los derechos civiles, religiosos y empresariales, según la cual los hispanos en Arizona podrían enfrentar encasillamiento racial sistemático.

Sin embargo, Bolton coincidió con los abogados del estado en que los reclamos de los oponentes a la ley eran meramente conjeturas. Bolton dejó abierta la posibilidad de que se presenten impugnaciones una vez que la ley esté en marcha, si las acusaciones pueden demostrarse.

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