Dos exministros del Gobierno del presidente argentino Fernando de la Rúa declararon hoy ante la Justicia que no les consta que esa administración haya pagado sobornos a senadores opositores para aprobar una reforma laboral en 2000.

La exministra de Acción Social Graciela Fernández Meijide y el exministro de Economía José Luis Machinea declararon hoy como testigos en el juicio oral contra De la Rúa y otros siete exfuncionarios y senadores por el presunto pago de sobornos.

"Nadie dijo 'me consta' (que hubo sobornos) delante mío", declaró Fernández Meijide.

Machinea dijo que a él tampoco le consta que se haya pagado dinero a senadores opositores para que votaran a favor de la ley de flexibilización laboral, una reforma que por entonces era fuertemente resistida por los sindicatos.

El exministro de Economía negó asimismo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le hubiera exigido la aprobación de aquella reforma laboral.

Ante una pregunta de la Fiscalía, Machinea admitió que el entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE, servicios secretos), Fernando De Santibañes -uno de los acusados en este juicio- le solicitó una partida especial de 50 millones de pesos (por entonces igual cantidad de dólares) para el organismo, que fue otorgada mediante un decreto reservado.

El pasado día 13, al atestiguar en este juicio, el exvicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez declaró tener una "certeza absoluta" de que el Gobierno de Fernando de la Rúa, del que formó parte, pago los sobornos.

Álvarez, que renunció a la Vicepresidencia en octubre de 2000, afirmó que en su carácter de presidente del Senado, cargo que en Argentina recae en el vicepresidente, fue "teniendo elementos y datos" que le dieron "la certeza absoluta de que se pagaron sobornos".

Si es encontrado culpable, De la Rúa, que renunció a su cargo en diciembre de 2001 en medio de un estallido social y una severa crisis económica, puede recibir una pena de hasta seis años de prisión, al igual que los otros acusados.

El proceso, que se inició el pasado 14 de agosto, es el segundo juicio contra un exmandatario constitucional argentino desde la última dictadura, tras el proceso a Carlos Menem (1989-1999) por el presunto contrabando de armas a Croacia y Ecuador, de lo que fue absuelto.

Junto a De la Rúa, del partido Unión Cívica Radical, están sentados en el banquillo de los acusados los exsenadores peronistas Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.

También son sometidos a juicio De Santibáñez, el exministro de Trabajo Alberto Flamarique y el exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien confesó haber llevado él mismo el dinero para los sobornos, salido de la SIDE, según sus declaraciones.

Se prevé que el juicio oral se prolongue entre seis y ocho meses y que atestigüen ante el tribunal unas 340 personas.