El órgano de supervisión interna del Departamento de Justicia culpó el miércoles a la dependencia de aplicar estrategias equivocadas, incurrir en errores de criterio y tener fallas administrativas durante la Operación Rápido y Furioso, una investigación fallida para restringir el tráfico de armamento en Arizona, que derivó en que cientos de armas aparecieran en sitios donde se cometieron delitos en Estados Unidos y México.

Tras la difusión del informe de 471 páginas, dos altos funcionarios salieron del departamento, uno por renuncia y el otro por jubilación.

En el texto, el inspector general Michael Horowitz se refirió a poco más de una decena de personas con el fin de que sean objeto de posibles medidas disciplinarias por los papeles que desempeñaron en esa operación y en otra distinta llamada Wide Receiver (Receptor Abierto), implementada durante el gobierno del presidente George W. Bush.

El reporte no criticó al secretario de Justicia Eric Holder, pero sí dijo que funcionarios de menor nivel debieron haberle informado de la investigación mucho antes.

Además, el texto señala no tener evidencias de que Holder haya sido puesto al tanto sobre el operativo antes del 31 de enero de 2011, ni de que le hayan dicho acerca de la polémica estrategia empleada por la Oficina Federal para el Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), perteneciente al departamento, para seguir el rastro de las armas.

El seguimiento de ese rastro, conocido en el argot de las autoridades como "dejar que las armas caminen", era una táctica experimental, prohibida por las políticas tradicionales del Departamento. Los agentes de la ATF en Arizona permitieron que presuntos testaferros, quienes supuestamente trabajaban para grupos del crimen organizado en México, compraran armas y salieran de las armerías en Phoenix.

Las autoridades querían rastrear las armas y presentar cargos contra los cabecillas traficantes, que durante mucho tiempo se han visto a salvo de la acción judicial.

Debido a la falta de personal y a las débiles sanciones en la ATF, la estrategia tradicional de arrestar a los testaferros en cuanto comparaban el armamento no había logrado detener el flujo de decenas de miles de armas de fuego a México — más de 68.000 en los últimos cinco años_. La operación fue una respuesta a las críticas hacia los esfuerzos de la agencia para combatir el tráfico de armas.

El inspector general halló fallas en el trabajo de los jefes principales de la ATF, del personal de la institución y de la fiscalía federal en Phoenix, así como de altos funcionarios de la división penal del Departamento de Justicia en Washington.

Dijo también que un trabajo defectuoso interno para recabar información y redactar informes en el Departamento de Justicia y en la ATF provocó que en un principio el departamento informara inadecuadamente al Congreso sobre la Operación Rápido y Furioso.

"El reporte del inspector general confirma los hallazgos de una investigación del Congreso, acerca de un desdén casi total por la seguridad pública en la Operación Rápido y Furioso", dijo el legislador Darrell Issa, presidente de la Comisión de Supervisión y Reformas Gubernamentales en la Cámara de Representantes, que ha investigado la operación desde comienzos de 2011.

Dos de las 2.000 armas que los compradores ilícitos habrían adquirido durante la investigación fueron recuperadas en la escena de un tiroteo donde murió el agente fronterizo Brian Terry. Aproximadamente 1.400 armas siguen sin recuperarse.

En un comunicado, Holder destacó que el reporte confirmó sus afirmaciones de que las estrategias fallidas fueron implementadas por agentes de campo, sin que él lo supiera o aprobara, y que el Departamento no tuvo la intención de dar información errónea o incompleta al Congreso.

Agregó que se buscará aplicar las sanciones recomendadas por el reporte.

"Ahora tenemos a dos hombres bajo custodia y seguiremos buscando decididamente a los prófugos restantes, a fin de hacer justicia para el agente Terry, su familia y sus colegas agentes", dijo Holder.

Rápido y Furioso ha derivado en cargos contra 20 traficantes de armas, de los que unos 14 se han declarado culpables.

Uno de los funcionarios criticados en el informe, el ex director interino de la ATF Kenneth Melson, que estuvo al frente de esa oficina durante la investigación Rápido y Furioso, se jubiló al difundirse el texto.

"Melson hizo demasiadas suposiciones en torno al caso", afirmó el informe. "Melson debió haber hecho preguntas básicas sobre la investigación, entre ellas cómo se estaba protegiendo la seguridad del público".

En un comunicado, Melson respondió, "aunque discrepo categóricamente con muchas de las suposiciones, especulaciones, conclusiones y descripciones en el reporte del inspector general, yo era el principal responsable, como director interino de la agencia, por las acciones de cada empleado".

Otro de los funcionarios criticados, el abogado de carrera Jason Weinstein, renunció. Weinstein ejercía como subdirector interino en la división penal del Departamento de Justicia en Washington.

"Weinstein era el funcionario de más alto rango en el departamento en abril y mayo de 2010 que se encontraba en posición de identificar la similitud entre las estrategias inapropiadas utilizadas en las Operaciones Receptor Abierto y Rápido y Furioso", señaló el texto.

El abogado de Weinstein, Michael Bromwich, dijo que las críticas del informe están "profundamente equivocadas" y tienen "fallas profundas".