Un grupo de diputados del gobernante partido conservador, el Fidesz, presentó hoy al Parlamento de Budapest un polémico proyecto de ley sobre el proceso electoral en Hungría, que determina la obligación de un nuevo registro para anunciar la intención de ir a votar.

Según esta iniciativa, cada ciudadano húngaro con derecho a voto deberá señalar, mediante un registro ante las autoridades y con una anterioridad mínima de dos semanas previas a las elecciones, que quiere emitir su sufragio en los próximos comicios.

El plan fue criticado por la oposición y organizaciones civiles, que opinan que este proyecto sirve a los intereses del Fidesz, porque así podría filtrar a los indecisos antes de las elecciones legislativas previstas para la primavera de 2014, con el objetivo de mantener su fuerte poder.

El porcentaje de indecisos actualmente se sitúa, según diferentes encuestas, en el 50 por ciento de los 8 millones de ciudadanos con derecho a voto.

El expresidente de Hungría y experto en derecho constitucional, László Sólyom ha calificado la idea del registro de "anticonstitucional".

Por esta razón, se espera que el Fidesz modifique también la Carta Magna del país, lo que previsiblemente logrará con facilidad.

Liderado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el Fidesz cuenta actualmente con más de dos tercios de los escaños parlamentarios, un quórum que le permite modificar las leyes y la Constitución sin tener que buscar apoyos de otras formaciones.

Sea como sea, el partido gobernante anunció hoy, poco después de presentar el proyecto, nuevas enmiendas, que amplían la posibilidad del registro.

Ninguno de los partidos de la oposición apoya las modificaciones al sistema electoral y acusan al Ejecutivo de Orbán de trazar un sistema que dificultaría un cambio de gobierno en las próximas legislativas, limitando así la democracia.

La ley electoral ya fue blanco de críticas anteriormente, pues también se han modificado las fronteras de las circunscripciones individuales en beneficio del Fidesz.

Por otra parte, se espera que los diputados aprueben también una enmienda a la ley judicial, después de que ésta fuese duramente criticada por la Comisión Europea (CE) y otras organizaciones internacionales, por limitar la independencia del sistema judicial.

La CE, a iniciativa de la comisaria de Justicia e Interior, Viviane Reding, decidió llevar este asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde será tratado en dos semanas.

No obstante, se espera que hasta entonces la polémica ley, que rebajó de 70 a 62 años la edad de jubilación de los jueces, notarios y fiscales, sea modificada, de forma que la misma quedaría fijada en 65 años.