Cuatro personas resultaron hoy heridas en La Paz cuando miles de mineros de cooperativas privadas atacaron con dinamita la sede sindical de un grupo rival, con el que se disputan el control de una mina expropiada por el Gobierno del presidente Evo Morales a la empresa suiza Glencore, informó la Policía.

El jefe de Policía de La Paz, coronel Rosalio Álvarez, declaró a los medios que ese número de heridos fue trasladado a hospitales, después de que los obreros de las cooperativas privadas atacaran con dinamita la sede de un grupo minero que depende del Estado.

El ministerio de Salud confirmó que uno de los heridos perdió un brazo y se desconoce la situación de los otros tres, de los que dos se encontraban ensangrentados cuando eran trasladados por la policía a los nosocomios, según constató Efe.

Las agresiones comenzaron cuando una multitudinaria marcha de miles de afiliados a la Federación de Cooperativas Mineras, que llegaron a La Paz desde la ciudad vecina de El Alto, lanzó cargas de dinamita contra la sede de la Federación Nacional de Mineros.

La casa sindical atacada se encuentra en El Prado, la avenida principal de La Paz, donde varios negocios y comercios quedaron destrozados por las explosiones que fueron continuas durante la movilización de los cooperativistas que duró varias horas.

Dos centenares de agentes antidisturbios que custodiaban esa sede fueron rebasados por los manifestantes y tuvieron que lanzar gases lacrimógenos para dispersarlos.

Los mineros de las cooperativas reclaman al Gobierno de Morales que cumpla con el decreto que ordena la transferencia de una rica veta de la mina Colquiri, expropiada a Glencore en junio pasado, a ese sector, a lo cual se oponen los trabajadores mineros del Estado.

La pelea ha paralizado desde hace varios días la producción de ese centro minero, rico en estaño y zinc, situado 250 kilómetros al sur de La Paz, que está ocupado por los sindicatos estatales que han amenazado con tomar represalias contra los cooperativistas.

Todos los sindicatos mineros dependientes del Estado y la Central Obrera Boliviana (COB), que les apoya, exigen a Morales que no transfiera la rica veta de Colquiri a las cooperativas privadas y que el Estado administre el cien por ciento de la mina.