SAO PAULO –  La Comisión de la Verdad de Brasil sólo investigará las violaciones a los derechos humanos cometidas por la antigua dictadura del país, no los crímenes atribuidos a los opositores al régimen que ejerció el poder de 1964 a 1985.

La comisión informó el martes en su sitio de internet que se le pidió que sólo investigue las torturas, homicidios y desapariciones forzadas a manos de agentes del gobierno. Señaló que carece de autoridad para investigar los actos de individuos que no eran agentes públicos.

Militares retirados criticaron el anuncio, al considerar que el panel debe también indagar las violaciones cometidas por guerrilleros de izquierda que luchaban contra el régimen.

El almirante retirado Ricardo Antonio da Veiga Cabral dijo por teléfono que la decisión dará como resultado una "investigación inconclusa y parcial en la que sólo se conocerá la verdad a medias".

"Ambas partes cometieron delitos, por lo que ambas partes deben ser investigadas", consideró.

Los oficiales retirados suelen expresar la opinión de las fuerzas armadas, ya que éstas tienen prohibido hacerlo en público.

El año pasado, la presidenta Dilma Rousseff, ex guerrillera de izquierda que permaneció encarcelada por más de tres años y sufrió torturas durante la dictadura, promulgó la ley que estableció la comisión. La medida se topó con la resistencia de segmentos conservadores de las fuerzas armadas, que mostraron preocupación de que el gobierno izquierdista usara la ley como un instrumento de venganza.

La comisión recibió un plazo de dos años para concluir su investigación.

Su reporte no derivará en la presentación de cargos, porque una ley de 1979 otorgó amnistía por crímenes políticos cometidos durante la dictadura. Sin embargo, la comisión tiene poderes de citar a servidores públicos y personal militar para que coopere con la investigación.

Los defensores de la comisión consideran que indagar quién estuvo involucrado en torturas, asesinatos y desapariciones resulta esencial para que Brasil deje atrás ese episodio. Otros países sudamericanos que tuvieron regímenes represores, como Argentina, Chile y Uruguay, han castigado a algunos involucrados en abusos.

Un estudio reciente del gobierno brasileño concluyó el año pasado que 475 personas fueron muertas o "desaparecidas" por agentes del régimen militar, muchas menos que en los vecinos Argentina o Chile.