Las oficinas de ACNUR y PNUD en Colombia rechazaron y condenaron hoy el asesinato de una pareja de campesinos desplazados que habían sido reubicados en Puerto López, un pueblo ubicado en el central departamento del Meta.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) enviaron un comunicado conjunto en el que deploraron el suceso, perpetrado por desconocidos el pasado miércoles.

Las víctimas, Reinaldo Rodríguez Nieto y su esposa, María Graciela Parrado, vivían en el predio Las Delicias, adjudicado en 2007 a 92 familias de desplazados por el estatal Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

En ese terreno, las dos agencias de Naciones Unidas desarrollaban un plan de soluciones sostenibles para población desplazada, para quienes pidieron "todas las garantías de seguridad" a las autoridades nacionales y locales.

"ACNUR y PNUD manifiestan su preocupación por la situación presentada en esta región, en donde se encuentran varios procesos de reubicación de víctimas del conflicto y campesinos sin tierra, y urgen para que esta población no sea revictimizada", enfatiza la nota.

Además, recordó que la Defensoría del Pueblo había emitido un informe de riesgo sobre los municipios donde hay procesos de reubicación, y reclamó una investigación "a profundidad" de estos "lamentables" hechos para que se sancione prontamente a los responsables.

También el Incoder envió el pasado viernes un mensaje de rechazo de estos hechos, y destacó que, de acuerdo con versiones de los lugareños, Rodríguez y Parrado habían sido amenazados de muerte hace dos semanas por desconocidos.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en el poder desde agosto de 2010, se propuso reintegrar durante su mandato de cuatro años unos 3,5 millones de hectáreas a sus antiguos propietarios que en muchos casos fueron obligados a desplazarse por grupos guerrilleros y paramilitares que se quedaron con sus parcelas.

Desde entonces, algunas organizaciones no gubernamentales han denunciado el nacimiento de ejércitos paramilitares contra la restitución de tierras, sobre todo en el norte del país.