El abogado de un estadounidense que ganó una apelación tras haber sido encarcelado en Nicaragua casi dos años bajo cargos de delitos de drogas y lavado de dinero dijo que las autoridades no lo dejan salir del país pese a haber salido de prisión.

Jason Puracal está en un lugar seguro pero no revelado, según una declaración emitida el jueves por la noche por Eric Volz, director gerente de la Agencia David House, que ha estado ayudando a la familia de Puracal.

Volz dijo que el equipo de la defensa no puede pronosticar cuándo saldrá de Nicaragua el estadounidense de 35 años con residencia en Tacoma, Washington. La declaración no especificó de qué manera el gobierno de Nicaragua impide su salida.

La directora nicaragüense de inmigración, María Antonieta Novoa, dijo que no estaba al tanto de ninguna acción del gobierno para mantener al individuo en el país.

Puracal salió de la cárcel el jueves por la tarde encogido en el asiento posterior de un automóvil conducido por su abogado y no habló con los periodistas que lo aguardaban afuera. Fabbrith Gómez, su abogado, detuvo el automóvil por un momento y dijo que su defendido necesitaba descansar y que no hablaría con la prensa.

Janis Puracal, hermana del estadounidense, dijo que la familia aguardaba ansiosamente la liberación para que pudiera regresar a Estados Unidos.

"La pelea no habrá terminado hasta que Jason salga de la prisión y venga a Estados Unidos", dijo su hermana por teléfono antes de la liberación.

Un panel de apelaciones de tres jueces levantó los cargos contra Jason Puracal en una decisión anunciada el miércoles. Había sido condenado en agosto de 2011 y sentenciado en septiembre a 22 años de prisión.

El jefe de los fiscales de Nicaragua, Javier Morazán, dijo que estudiaba el fallo del tribunal de apelaciones para decidir qué medidas tomar.

El panel de apelaciones falló que el juez que pronunció la sentencia no examinó cuidadosamente las pruebas ni explicó los motivos para condenar a Puracal y otros diez acusados. Asimismo, el tribunal decidió que el juez había violado los derechos de los acusados al no permitir que la defensa presentara pruebas.

El caso suscitó el escrutinio de legisladores estadounidenses y defensores de los derechos humanos que consideraron irregular el proceso judicial.