La jueza argentina María Servini de Cubría, que investiga los crímenes cometidos durante el franquismo, resolvió suspender el viaje a España que tenía previsto en los próximos días para reunir testimonios de víctimas, informaron hoy a Efe fuentes judiciales.

La magistrada suspendió "de momento" el viaje porque la Corte Suprema de Justicia de Argentina limitó las condiciones que había solicitado Servini para realizar la visita a España con el fin de avanzar en la investigación.

"Todo viaje de un funcionario judicial requiere un permiso de la Corte. La jueza había pedido estar 20 días en España, acompañada por otros dos funcionarios, pero el tribunal supremo autorizó el viaje por diez días y con la compañía de un solo secretario", explicó el abogado Máximo Castex, querellante en la causa abierta por delitos cometidos en la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista.

A raíz de las restricciones, la magistrada resolvió suspender el traslado, por lo que la parte querellante presentará en los próximos días una solicitud ante la jueza para que las declaraciones de un centenar de testigos y víctimas del franquismo sean tomadas mediante videoconferencia.

"Es conocida la política de austeridad de la Corte, pero ahora quedamos envueltos en esa situación", indicó el letrado querellante de la causa, abierta en Argentina según el principio de justicia universal.

Servini de Cubría tenía previsto iniciar el 10 de septiembre su visita a Madrid, Barcelona, el País Vasco y Málaga con el objetivo de recibir documentación de nuevos querellantes y tomar declaraciones a víctimas del franquismo.

Esta querella, presentada en abril de 2010 por "delitos de genocidio y/o de lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco, abarca el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la dictadura.

El pasado mes de mayo un grupo de antiguos presos antifranquistas hicieron un llamamiento para que ciudadanos y organizaciones sociales se sumaran a la querella, iniciada en un juzgado de Buenos Aires con denuncias de fusilamientos y secuestros.

En abril, cuatro antiguos presos políticos españoles declararon por primera vez en Buenos Aires ante Servini de Cubría y denunciaron haber sido torturados durante su reclusión entre los años '60 y '70.

Los denunciantes, que viajaron desde España para la declaración judicial, presentaron además en los tribunales de Buenos Aires más de 60 expedientes de casos para sumarlos a la causa.

La causa reúne actualmente a unos 36 querellantes particulares y unas 15 organizaciones de derechos humanos pero, según Castex, otros 50 demandantes se unirán a la causa en los próximos meses.

Numerosas víctimas se han sumado a esta querella después de que el juez español Baltasar Garzón, que trató de investigar estos hechos, fuera inhabilitado para ejercer el pasado febrero por el Tribunal Supremo, por ordenar escuchas policiales entre los cabecillas de una red de corrupción y sus abogados defensores.