El exvicepresidente argentino Carlos "Chacho" Álvarez declaró hoy tener una "certeza absoluta" de que el Gobierno de Fernando de la Rúa, del que formó parte, pago sobornos a senadores opositores para la aprobación de una polémica reforma laboral en el año 2000.

Álvarez, que renunció a la vicepresidencia en octubre de ese año, declaró hoy como testigo en el juicio oral a De la Rúa y otros siete exfuncionarios y exsenadores por el presunto pago de sobornos.

El exvicepresidente, hoy secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), afirmó que en su carácter de presidente del Senado, cargo que en Argentina recae en el vicepresidente, fue "teniendo elementos y datos" que le dieron "la certeza absoluta de que se pagaron sobornos".

Álvarez declaró que fue el exsenador Antonio Cafiero, del entonces opositor Partido Justicialista (PJ, peronista), quien le trasmitió las sospechas sobre el pago de sobornos a legisladores de su propia fuerza política.

"Me causó mucho estupor que Cafiero me dijese que había sospechas de sobornos", señaló "Chacho" Álvarez.

"Cafiero se sentía un imbécil, porque de buena fe y disciplina partidaria había votado una ley por la que se había pagado", añadió.

Sobre las circunstancias de su dimisión a la vicepresidencia, Álvarez señaló que su situación "era insostenible".

A su juicio, la decisión de De la Rúa de ratificar en sus cargos al entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique y al jefe de los servicios secretos Fernando de Santibañes constituyó "una desautorización" a lo que "estaba haciendo en el Senado" para investigar las sospechas.

El pasado día 4, al declarar en el juicio, De la Rúa aseveró que Álvarez "no honró" la amistad que les unía al dimitir en medio de críticas al mandatario por su supuesta falta de compromiso para investigar los presuntos sobornos.

Si es encontrado culpable, De la Rúa, que renunció a su cargo en diciembre de 2001 en medio de un estallido social y una severa crisis económica, puede recibir una pena de hasta seis años de prisión, al igual que los otros acusados.

El proceso, que se inició el pasado 14 de agosto, es el segundo juicio contra un exmandatario constitucional argentino desde la última dictadura, tras el proceso a Carlos Menem (1989-1999) por el presunto contrabando de armas a Croacia y Ecuador, en el que fue absuelto.

Junto a De la Rúa, del partido Unión Civíca Radical, están sentados en el banquillo de los acusados los exsenadores peronistas Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.

También son sometidos a juicio De Santibáñez, Flamarique y el exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien confesó haber llevado él mismo el dinero para los sobornos.

Se prevé que el juicio oral se prolongue entre seis y ocho meses y que atestigüen ante el tribunal unas 340 personas.