Los indígenas aimaras de Bolivia que retuvieron por más de cuatro horas a dos autoridades y un senador oficialista lograron hoy un acuerdo con el Gobierno de Evo Morales para suspender sus movilizaciones por proyectos de desarrollo para su región, informaron fuentes oficiales.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, que encabezó las negociaciones, informó a los medios que esta madrugada se firmó un acuerdo con los llamados "Ponchos Rojos", un grupo radical indígena que reclamaba dialogar directamente con el presidente Morales.

"Ha sido una reunión tensa en algún momento, muy larga, hasta la madrugada, pero finalmente hemos convergido (...) Ya firmamos un acta, ellos van a retornar en el transcurso de la mañana a Omasuyos (la provincia donde habitan), entonces ese conflicto ha sido favorablemente resuelto", sostuvo Romero.

El acuerdo incluye una reunión la próxima semana con el mandatario en el Palacio de Gobierno para que los indígenas le presenten sus demandas.

Los nativos marcharon durante tres días desde el pueblo andino de Achacachi, a 96 kilómetros de La Paz, hasta El Alto, para exigir la destitución de las ministras de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, y de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, a quienes acusaban de incumplir proyectos de desarrollo para su zona.

La ministra Morales, el gobernador de La Paz, el oficialista César Cocarico, y el senador Eugenio Rojas fueron a encontrarse ayer con ellos para dialogar sobre sus demandas, pero los indígenas les retuvieron por más de cuatro horas en una avenida de El Alto, exigiendo la presencia del presidente.

Los nativos, que finalmente aceptaron dialogar con Romero, rechazaban además la intervención de una cooperativa distribuidora de electricidad en el altiplano de La Paz porque aseguran que el Gobierno no les consultó para tomar esa decisión.

Romero dijo que se les explicó que la intervención se produjo porque se detectaron numerosas "irregularidades" en la empresa y finalmente acordaron que es necesario "sanearla para mejorar sus servicios, su calidad, bajar las tarifas y establecer responsabilidades en los actos de corrupción denunciados".