Elda Mosquera, alias "Karina", miembro de las FARC y quien se entregó a las autoridades en 2008, fue condenada a 17 años de prisión por los delitos de desaparición forzada y homicidio.

La Fiscalía General informó el miércoles en un comunicado que "Karina", quien ya purga al menos otras tres condenas, recibió una nueva sentencia por la muerte del campesino Oscar Mario Cifuentes, ocurrido en marzo de 2001 en la zona rural de Samaná, a unos 160 kilómetros al oeste de Bogotá.

Integrantes de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entraron a la finca de Cifuentes "y después de intimidarlo, lo ataron y se lo llevaron. Posteriormente, en diligencias de indagatoria se estableció la responsabilidad de los hoy sentenciados en el homicidio de la víctima", agregó la Fiscalía en el comunicado divulgado en la página de internet.

Junto a la ex guerrillera fueron condenados también por un juzgado penal de Caldas otros dos rebeldes por el caso de Cifuentes, añadió la Fiscalía.

La mujer también ha sido condenada a penas de 20 a 40 años de cárcel por otros tres casos de masacres y ataques.

La de 40 años de prisión por una masacre perpetrada en marzo de 2006 en Caldas; otra de 33 años de cárcel por la toma rebelde de un poblado en 200 y donde murieron al menos 13 policías y tres civiles; y una tercera de 20 años y diez meses de prisión por la desaparición forzada y homicidio en marzo de 2002 en Caldas del campesino Aparicio Murillo Bolívar, aseguró la Fiscalía.

"Karina" era una temible y buscada comandante de las FARC que sorpresivamente se entregó en mayo de 2008 a la policía secreta porque, según dijo, estaba cansada del acoso militar y ya no creía en la lucha armada.

Pero debido a que no sólo ha sido declarada por las FARC como una traidora, sino que sabe que algunas de sus víctimas no la perdonan, la ex guerrillera ha estado detenida desde su entrega.

Se entregó en zona rural de Sonsón, en el departamento de Antioquia, al noroeste colombiano, a la ya desaparecida policía secreta o Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con el argumento de que no confiaba ni en el ejército ni en la policía porque pensaba que la podían matar tras años de considerarla una enemiga y uno de sus principales objetivos.

La ex rebelde ha dicho que militó en las filas de las FARC por 24 años y que, a pesar de ser acusada de múltiples crímenes, también se hizo un mito en los medios de comunicación sobre su accionar.

Actualmente está detenida en la VII Brigada del ejército en el municipio de Carepa, departamento de Antioquia y a unos 450 kilómetros al noroeste de la capital colombiana.